Ríos vivos propone diálogo sobre política energética al Alto Gobierno

-      AUDIENCIA PUBLICA -

POLITICA MINERO ENERGÉTICA Y SU IMPACTO EN LOS TERRITORIOS

Colombia, Bogotá D.C. Agosto 03 de 2011

Ponencia

Movimiento Colombiano Ríos Vivos

Esta intervención sintetiza los cuestionamientos, denuncias, vivencias, y propuestas de cientos de pobladores y pobladoras que han sido afectados por la construcción de represas y que nos articulamos en el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas bajo la consigna de propender porque los ríos se mantengan vivos y con ellos, las comunidades y sus culturas.

Con estas líneas traemos traemos el eco de los territorios de Colombia a este recinto del Congreso de la República, ecos de protesta de las personas que habitan los territorios con formas de vida  que por siglos han desarrollado en armonía con la naturaleza, pueblos a los cuales se les ha violentado sus maneras de habitar, se les ha amenazado su cultura e identidad, e impuesto el destierro o el desplazamiento, en nombre de lo que algunos sectores llaman “desarrollo”.

Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comunidades y la sociedad en general. No importa que empresa las construya, sus efectos e irregularidades se manifiestan de la misma manera. Los proyectos de represas en la actualidad se orientan para abastecer el mercado internacional de la energía que crece paulatinamente, protestamos porque este modelo energético es excluyente y atropella la vocación de los pueblos ancestrales en los territorios.

Las represas construidas han desplazado miles de personas en Colombia y el mundo, gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad económica tradicional por formas indignas de trabajo, para poder sobrevivir. Campesinos, pescadores y mineros artesanales se han visto obligados a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desempleados o  convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle, indígenas, campesinos y pescadores fueron  obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y sus planes de vida, como sucedió con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá I, entre otros.

Los impactos sociales más graves recaen o ejercen presión en la vida de las mujeres quienes tienen que enfrentar la ruptura o descomposición familiar, la violencia intrafamiliar, y las preocupaciones del hogar ante la falta de ingresos seguros. Sin embargo, frente a esta diversidad de impactos, el elemento común en cada lugar es que las mujeres jamás han sido tenidas en cuenta para el resarcimiento de derechos o indemnizaciones. Los EIA pasan por alto estos y muchos otros aspectos, lo que indica su ineficiencia.

En general, las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, vulnerando la seguridad y la soberanía alimentaria en las regiones, pero también poniendo en riesgo el autoabastecimiento del país en el mediano plazo, en virtud de la cantidad y envergadura de los proyectos que se pretenden implementar.

Por otra parte, la mayoría del territorio colombiano vive con agudeza los efectos del conflicto armado, que facilitan la construcción de estos y otros megaproyectos en tanto las comunidades no pueden organizarse para reclamar sus derechos, de igual manera los desplazamientos forzados han servido para desocupar estas zonas de interés.

Gobierno, empresas y represas

En nombre del desarrollo, la competitividad y la seguridad energética el gobierno nacional ha impulsado durante los últimos años la planificación y construcción de diversos proyectos de generación de energía eléctrica, principalmente grandes represas y pequeñas centrales hidroeléctricas –ahora dentro de la denominada locomotora minero-energética; sin embargo, en dicha planificación las comunidades afectadas directa e indirectamente no han tenido ni voz ni voto.

Las propuestas de desarrollo deben surgir desde los territorios, buscando atender necesidades locales para el buen vivir, y no desde el gobierno nacional hacia los territorios, lo contrario ha implicado que este discurso del desarrollo y competitividad se contraponga y vulnere los planes de vida y progreso de comunidades indígenas, pescadores, campesinos, y negros que, por lo general, habitan las áreas afectadas por estos proyectos.

Por esta razón, proponemos la creación de una mesa de alto nivel donde se dialogue la política minero energética con la participación de las y  los afectados directos y los ministros(as) de ambiente, minas y energía, agricultura,  representantes de los entes de control, y otras autoridades competentes. Las y los afectados no pueden seguir siendo tenidos en cuenta solamente para socializar los proyectos, en virtud de garantizar el Estado de Derecho del cual somos parte.

Complementariamente cuando la construcción de un proyecto comienza, sin importar  la naturaleza de la empresa constructora, se vulneran los derechos individuales y colectivos en los que, por lo general,  las instituciones del Estado se han mostrado negligentes en el cumplimiento de sus mandatos y en la protección de los derechos constitucionales de los y las ciudadanas que habitan los territorios. A continuación, resaltamos algunos de los procedimientos o irregularidades más recurrentes:

-       En cada proyecto existen una serie de externalidades no previstas que no son tenidas en cuenta en los EIA o los PMA. Las licencias ambientales, por lo general,  no citan nada al respecto. Un caso que destaca esta situación es el vertimiento de 500 m3 de lodo en la cuenca del bajo Anchicayá en el año 2001, por parte de la multinacional Unión Fenosa, mayor propietaria en ese entonces de la Empresa EPSA.

-       Los Estudios de Impacto Ambiental son realizados por los mismos interesados, sus metodologías ajustadas a resultados determinados y en el mejor de los casos cuando hay planteamientos serios en estos estudios, no son recogidos en las licencias ambientales, en el caso de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, elementos de trascendencia como los impactos a largo plazo y la agudeza del conflicto armado que vive la zona, no son tenidos en cuenta en la licencia ambiental.

-       Las represas se imponen sobre la visión de progreso de las comunidades locales. Comunidades campesinas y productoras de alimentos, que generan más empleos permanentes que la represas, y con propuestas alternativas a esta manera generar desarrollo están siendo arrasadas. En el caso El Quimbo,  las comunidades han demostrado que la creación de una Zona de Reserva Campesina puede traer mayores beneficios para la región y el  país.

-       La construcción de represas se imponen exclusivamente como negocio. Esto se constata en las regiones en que existen severos riesgos potenciales de que el muro de la represa colapse o el almacenamiento de grandes volúmenes de agua pueda causar una calamidad. Las represas El Quimbo e Hidrosogamoso actualmente se construyen en zonas de actividad sísmica sin que hasta el momento, se haya demostrado que no existen riesgos potenciales. Los negocios en este caso priman sobre la vida y el riesgo.

-       Las empresas constructoras presionan a los pobladores para que vendan sus tierras generando severos impactos psico sociales en las poblaciones. En el caso del Quimbo 10 personas han muerto por estas circunstancias, ante lo cual exigimos una investigación seria y responsable por parte del Estado que determine las causas, efectos y responsabilidades.

-       La construcción de represas ha implicado la agudización del conflicto armado en los territorios. Varios líderes han sido asesinados impunemente: los indígenas Kimy Pernía, Lucindo Domicó y el profesor Alberto Alzate, opositores a la represa Urrá I; los campesinos y pescadores Honorio Llorente, Marco Tulio Salamanca, Herbert Cárdenas, Luis Arango y Jairo Rodríguez Caro, opositores a la Represa Hidrosogamoso donde además se adelantado campaña de amenazas e intimidaciones mediante panfletos, carteles y rumores desde 2009; en el norte y occidente antioqueño, la agudización del conflicto armado se observa en el aumento de las zonas sembradas con minas antipersonales, las confrontaciones entre grupos armados, la quema de vehículos, las amenazas y la persecución y judicialización de la población civil. En Ituango, una lista de líderes y lideresas campesinas han sido estigmatizados y señalados por grupos de ultraderecha como auxiliares de la guerrilla.

-       Los censos son imprecisos. Evidenciamos irregularidades en la inclusión o exclusión del censo de la poblaciones afectadas, se evidencian claras intenciones de engaño hacia las comunidades donde se genera presión para que entre los pobladores señalen a quien tiene o no derecho a una indemnización, aumentando los riesgos para la vida que significan este tipo de confrontaciones.

-       Se subestiman o desconocen los impactos agua debajo de la represa, durante la construcción y operación de las represas.

 

El cambio climático y las represas

La mitigación del cambio climático es uno de los nuevos sofismas de distracción que arguyen los constructores de represas; sin embargo, existen evidencias científicas que demuestran que las represas generan cantidades considerables de gas metano, que es 25 veces más poderoso, en términos de calentamiento global, que el CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles. Al respecto, el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales -INE- estima que las grandes represas están emitiendo a la atmósfera 104 millones de toneladas anuales de Metano (CH4), una razón suficiente para desestimar las represas como Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Hemos observado que los documentos presentados por las empresas ante Naciones Unidas desestiman en sus cálculos de carbono, las emisiones que implica construir el muro de la represa y todas las demás actividades asociadas que implican la quema de gasolina, gas o carbón.

Por otra parte, el aporte de los grandes embalses a la emisión de Gases Efecto Invernadero también es reconocido por el Grupo Banco Mundial, quien en su documento de Estrategia del Sector de la Energía de abril de 2009 manifiesta esta situación.

Recomendamos al Ministerio de Minas y Energía, al MAVDT y a todas las empresas constructoras desestimar las grandes represas como Mecanismo de Mitigación del Calentamiento Global; es urgente agigantar los pasos en la búsqueda de una matriz energética sin represas ni trasvases en la que se priorice y se incentive la disminución del consumo de energía, en todos los sectores de consumo.

Frente a los recientes cambios en la legislación

Consideramos regresivos los dictámenes contenidos en la Resolución 2820 del 05 de agosto 2010. Estos ajustes van en contra de la ley 99 o ley ambiental.

Según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 51 Régimen de transición “…las autoridades ambientales continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”.

No existe la figura de “ajustes periódicos” en la legislación colombiana. Una norma está sujeta a modificación o derogatoria según la naturaleza de la misma. El “ajuste periódico” busca adecuar las normas a las exigencias de las empresas de capital privado tanto nacionales como transnacionales.

Rechazamos los dictámenes del Decreto 1575 de 2011, mediante la cual Emgesa solicitó el amparo policivo -contemplado en el artículo 29 de la Ley 142 de 1994 y reglamentado por dicho decreto-, a nombre de la utilidad pública e interés social, por un predio cuyo derecho de dominio aún no posee y con el propósito de desalojar a los pescadores de un bien público, que es patrimonio nacional, con la intención perversa de impedir que estos pescadores continúen vigilando las actividades de Emgesa para obligarla a cumplir con las medidas sancionatorias impuestas por las Resoluciones 1096 y 1349.

Rechazamos la modificación al procedimiento de licenciamiento ambiental que propone el PND, en su artículo 224. Esto implica una vulneración de la autonomía de la autoridad ambiental, un proceso que va en contravía del principio de progresividad que sustenta la carta constitucional.

 

Solicitudes y exigencias del Movimiento Ríos Vivos:

-         Exigimos se prioricen las vocaciones tradicionales de los territorios, que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria, el agua y el sustento de la vida, antes que megaproyectos que atentan contra el bienestar de cientos de pobladores y pobladoras.

-         Exigimos presencia del Estado y sus instituciones en la labor de cumplimiento y veeduría de los procesos exigidos a las empresas constructoras de megaproyectos.

-         Proponemos la conformación de una Mesa Nacional integrada por representantes de los movimientos de afectados y afectadas por megaproyectos, el Gobierno con la presencia de los siguiente Ministros.

-         Solicitamos se suspendan los megaproyectos de cualquier tipo en las regiones con presencia de actores armados al margen de la ley. El conflicto armado limita la participación real de las comunidades en el proceso de planificación, consulta y construcción de los megaproyectos. De lo contrario la construcción de estas obras se adelantan sin ninguna garantía para los afectados, y sin ninguna posibilidad de participación y transparencia.

-         Ante el incumplimiento de las medidas impuestas en la expedición de las licencias ambientales, solicitamos al MAVDT adelante las gestiones para convocar nuevas Audiencias Públicas Ambientales en las represas El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango.

-         Es urgente reorientar las políticas que desde hace años se enfocan en agudizar las actividades extractivas en las regiones, en especial la política del actual gobierno de las locomotoras, dado que el impulso de grandes proyectos minero-energéticos no está teniendo en cuenta los ciclos del agua, y su desarrollo implica el desabastecimiento y contaminación de agua en diversas zonas del país.

-         Se nos dé una respuesta de por qué razón, a pesar de haber órdenes de suspensión de proyectos, las multinacionales siguen con sus obras sin atender a la autoridad ambiental. Caso El Quimbo.

-         Rechazamos el modelo corporación-nación que se viene impulsando en los últimos gobiernos, donde se relega el papel de las instituciones del Estado por garantizar los derechos de las poblaciones afectadas a la buena voluntad de las Empresas, proponemos que se recupere la soberanía y autonomía del Estado sobre los territorios, y se responda por los daños causados a todos los y las afectadas por los proyectos de desarrollo en Colombia.

Nuestra prioridad es la vida y el buen vivir, rechazamos la imposición de El Quimbo, Hidrosogamoso, Hidroituango, la Miel, Betania, La Salvajina, Urrá I, proyecto Río Sinú, Trasvase Río Guarinó y Manso, Los Besotes, Anchicayá y El Muña.

Huila, Reserva Natural El Viche, Julio 09 de 2011

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

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