Colombia: Victimas de megaproyectos y la naturaleza como victima
Los megaproyectos de desarrollo -minero energéticos y de agroindustria- son parte del conflicto armado en Colombia.
Agosto 20 de 2014
Documento de posición y propuestas del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – RÍOS VIVOS COLOMBIA, para la Mesa de Conversaciones de La Habana – Cuba en relación a la declaración de principios para la discusión del punto cinco de la agenda “Victimas”
La naturaleza también ha sido víctima del conflicto armado en Colombia, ha sido botín y escenario de guerra, innumerables bosques devastados, aguas, aire y suelos contaminados son prueba de ello.
En Colombia coexisten en los mismos territorios las vulneraciones por el Conflicto armado interno y por la implementación de megaproyectos, estas situaciones han dejado a las comunidades y sus territorios en un estado de vulnerabilidad extrema. Por un lado las empresas se benefician de ese estado de vulnerabilidad lo que les facilita la implementación de sus megaproyectos, usan el conflicto armado como excusa lo que impide establecer los reales responsables de los hechos victimizantes y las víctimas de los megaproyectos; y por otro lado usan la violencia armada para ejecutar los proyectos, contratan ejércitos, pagan la construcción de bases militares lo que los convierte en un actor armado más del conflicto interno. La confrontación armada ha terminado por ser funcional a los intereses económicos y políticos que presionan el desarraigo de la población civil de sus tierras y territorios, todo esto en un contexto de violencia generalizada y de imposición del modelo extractivista.
Las posibilidades de verdad y garantías de no repetición, se ven cercenadas por la construcción de represas, aún ante un escenario de pos-acuerdo con las FARC: Las tierras devastadas constituyen el escenario de los delitos de lesa humanidad, en donde reposan las huellas del conflicto armado, estos escenarios están siendo destruidos e inundados, caso concreto la destrucción e inundación de fosas comunes y cementerios, los miles de cuerpos arrojados a los ríos ante las cifras alarmantes de desaparición forzada que tiene el país. Las represas y megaminería generan desplazamiento forzado, aunque los diálogos de paz avancen y felizmente lleguen a un acuerdo, con la existencia de cerca de 100 megaproyectos de represas y miles de concesiones y títulos mineros en el país que están destruyendo, contaminando, privatizando y secando las principales fuentes de agua, NO habrá GARANTIAS DE NO REPETICIÓN.
Sobre el reconocimiento de las víctimas humanas y no humanas
En general, los conflictos, impactos y daños ambientales y sociales causados por las grandes represas han sido ampliamente documentados. En el año 2000, la Comisión Mundial de Represas (CMR), concluyó que “las grandes represas en general producen una serie de impactos violentos… [Que] son más negativos que positivos y, en muchos casos, han conducido a la pérdida irreversible de especies y ecosistemas”; la CMR reconoció que muchos de los argumentos que utilizan los promotores de represas NO son reales o están sobreestimados, además concluyó que las medidas de mitigación NO han sido suficientes para contrarrestar los impactos sobre la gente y los ecosistemas, y más aún, que son muchos los incumplimientos con los compromisos adquiridos por los constructores de represas para reparar, compensar y mitigar los daños causados a las comunidades y ecosistemas afectadas.
Las anteriores situaciones se evidencian en todos los complejos hidroeléctricos construidos en Colombia, resaltamos el caso de la Salvajina en el departamento del Cauca, que a pesar de haber acordado compromisos con las empresas constructoras, las comunidades siguen reclamando el cumplimiento de los mismos firmados desde 1986. Por otra parte, los conflictos de intereses económicos y políticos sobre los territorios para la construcción de represas coexisten con la agudización del conflicto armado en los mismos e impiden ver los reales responsables de la vulneración de derechos. En Colombia, personas que han manifestado su oposición a las represas han sido asesinadas, crímenes que hasta ahora han quedado en la absoluta impunidad y en la mayoría de los casos se ha ventilado la responsabilidad de un actor armado aunque hayan sido evidentes los señalamientos y amenazas del Estado y las empresas constructoras: LUIS ARANGO, HERBERT CÁRDENAS, MARCO TULIO SALAMANCA, HONORIO LLORENTE, JAIRO RODRÍGUEZ CARO, MIGUEL ANGEL PABÓN PABÓN, opositores y afectados de la represa Hidrosogamoso de propiedad de ISAGEN, KIMY PERNÍA, LUCINDO DOMICÓ y ALBERTO ALZATE, opositores y afectados de la represa Urrá I; NELSON GIRALDO y ROBINSON DAVID MAZO, opositores y afectados por la represa Hidroituango de propiedad de la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín EPM. También es necesario recordar el asesinato sistemático de más de una docena de personas en Antioquia en la década de los 70 opositoras al embalse El Peñol, de igual manera se cometieron asesinatos de personas de Comunidades Negras durante el proceso de construcción de la represa Salvajina en el Cauca.
Además, los afectados por represas también han sido víctimas de procesos de judicialización, criminalización de la protesta, persecuciones y atentados que les han causado afectaciones psicológicas y físicas; la mayoría de los desalojos se dan por la vía de la violencia, las empresas hacen uso de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD- y hasta el Ejército para desplazar y desarraigar a las comunidades de sus territorios, perdiendo sus bienes y enseres quedando en la absoluta pobreza. Las protestas han sido brutalmente reprimidas el Sr. Luis Carlos Trujillo Obregón víctima del proyecto El Quimbo perdió su ojo derecho con una granada de aturdimiento; cerca de 80 víctimas de Hidroituango fueron capturados ilegalmente y 11 judicializados para evitar el desarrollo de una manifestación en su contra. La mayoría de los líderes opositores a Hidroituango han recibido amenazas, persecución y señalamientos, uno sufrió un atentado y otro fue torturado.
En la mayor parte de los casos de desalojo, se han llevado a cabo sin cumplir las directrices de naciones unidas para los desalojos por proyectos de desarrollo, y sin cumplir lo dictaminado por la corte constitucional colombiana en sentencias como la T-135, T-198, T-652 entre otras.
También, consideramos de extrema violencia e irracionalidad el exponer a poblados enteros en situación de alto riesgo: por su localización en relación al proyecto, por perdida de su seguridad alimentaria, pérdida del agua y calidad de vida; como son los casos de la población de La Playa por el proyecto Hidrosogamoso y la población de La Habana en el oriente de Caldas que desde hace cuatro años y medio están esperando la relocalización ambos situaciones generadas por la empresa ISAGEN.
Afectados y víctimas
Las víctimas son aquellas personas a las cuales se les han vulnerado sus derechos, en este sentido el Movimiento Ríos Vivos Colombia ha documentado la vulneración de más de 32 derechos a las poblaciones afectadas por represas en Colombia, incluyendo el derecho a la vida y a la integridad física que, en un contexto de conflicto armado, este ha sido usado para enmascarar las vulneraciones y sus reales responsables, es decir, el conflicto armado ha sido usado como excusa para las vulneraciones que vienen cometiendo las multinacionales y demás promotores de megaproyectos en el país, es por eso que no es posible separar las víctimas generadas por uno y otro fenómeno dada su estrecha relación.
Las víctimas por represas y otros megaproyectos en el país, también surgen por el aumento de presencia de grupos armados en los territorios. Se ha evidenciado la relación directa entre Megaproyectos y el aumento de acciones de grupos armados en los territorios. En la mayoría de casos en donde se ubica un megaproyecto se construyen más puestos de Policía y se instalan batallones del Ejército con la misión exclusiva de garantizar seguridad a las empresas y proyectos (pagados por las mismas empresas y en estrecha cooperación y coordinación de acciones militares), contratan empresas de Vigilancia Privada las cuales prestan su servicio con personal armado, ambos (actores privados y públicos) intimidan y atentan contra las poblaciones locales, especialmente comunidades afectadas por los mismos megaproyectos; también tiene lugar la aparición o agudización de acciones de grupos armados ilegales especialmente paramilitares y sicarios a los cuales se les atribuyen los asesinatos e intimidaciones que sufren las comunidades que se organizan para defender sus derechos.
Los anteriores fenómenos convierten a los megaproyectos y sus promotores en actores del conflicto dado que sus métodos y procedimientos generan vulneraciones de derechos y, por tanto, víctimas de los megaproyectos en un contexto complejo que suele difuminarse con la existencia de conflicto armado en los territorios, es decir, hacen parte de las acciones armadas en el marco de la violencia generalizada que viven las comunidades de un mismo territorio. Por otra parte, las relaciones económicas entre multinacionales y actores armados ilegales también deben ser objeto de análisis, principalmente por cooperación con el paramilitarismo, como es el caso de la empresa estadounidense Chiquita Brands, pues es claro que si el Megaproyecto no existiera, los métodos de guerra e intimidación no se aplicarían, ni aparecerían las víctimas en esos casos.
Por estos y otros motivos, se hace necesario y urgente para el país esclarecer las relaciones económicas y militares entre:
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Multinacionales y demás promotores de megaproyectos en Colombia con las Fuerzas Militares de Colombia, Policía y Ejército.
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Multinacionales y demás promotores de megaproyectos en Colombia con los actores armados ilegales paramilitares y guerrillas.
La naturaleza como víctima del conflicto armado en Colombia
En el desarrollo militar del conflicto armado en Colombia han sido constantes los enfrentamientos armados principalmente en el campo, en los bosques y selvas con bombardeos, siembra de minas antipersonales, uso de explosivos de diferentes niveles, construcción de bases y campamentos militares, fumigaciones de cultivos de uso ilícito, voladuras de oleoductos y comuniones con petróleo, voladura de torres de energía, incremento en vehículos, aviones, helicópteros de uso militar y el incremento de pie de fuerza, los cuales han causado grandes daños a ecosistemas o bienes públicos y comunes como:
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Desaparición y pérdida de especies de fauna y flora, algunas endémicas en muchas zonas del país.
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Destrucción de bosques y selvas
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Contaminación de fuentes hídricas y suelos. Contaminación auditiva, contaminación visual.
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Confinamiento de fuentes hídricas, bosques, tierras.
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Migración de especies por la destrucción o contaminación de sus hábitats
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Daños en la salud de la fauna y flora silvestres.
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Fuertes impactos en el paisaje, destrucción de viviendas, vías y caminos,
Propuestas: Reconocimiento de las siguientes víctimas y actores del conflicto
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Victimas de megaproyectos
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Victimas del desarrollo
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La naturaleza como víctima del conflicto armado en Colombia
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Las multinacionales y demás promotores de megaproyectos en Colombia como actores conflicto armado
El esclarecimiento de la verdad y garantías de no repetición
Los impactos, daños y conflictos generados por la construcción de represas, la generación y transmisión de energía en Colombia guardan estrecha relación con los recuerdos de dolor y sangre que han opacado la tranquilidad de la ruralidad en Colombia. Muchos de los ríos donde hoy se construyen grandes y pequeños proyectos hidroeléctricos se han convertido, en distintas épocas, en ríos de sangre en donde cientos de colombianos y colombianas fueron tirados tras padecer torturas y el asesinato de grupos armados ilegales; según el testimonio de habitantes ribereños, muchas de esas víctimas fueron sacadas de los ríos y sepultados en sus riberas para dar “cristina sepultura” según sus creencias; no obstante, el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas queda comprometido de continuarse con la destrucción e inundación de tierras y territorios. El caso más contundente es el del Cañón del Río Cauca en Antioquia con la construcción de Hidroituango una zona en la que el número de víctimas del conflicto armado es de 105.058 cerca del 60% del total de la población según datos oficiales para los 12 municipios impactados, el número de desaparecidos es de 1956 hasta la actualidad aunque la Fiscalía General reporta un numero de 264 denuncias en la zona. Sin embargo y pese a los hallazgos de fosas comunes desde el inicio de la obra esta no se ha parado para evitar la destrucción del escenario y con ello la posibilidad de encontrar miles de desaparecidos en el país. En 2011 en el municipio de Toledo 10 cadáveres fueron encontrados mientras se iniciaba la construcción de un campamento de la obra, en 2013 cinco cadáveres de la masacre en Oro Bajo ocurrida en 1998 en un corregimiento que quedará bajo el agua fueron exhumados y en noviembre de 2014 la Fiscalía halla siete cadáveres más en las riberas del Río Cauca en jurisdicción del municipio de Sabanalarga.
Propuestas: Suspensión o moratoria de proyectos minero-energéticos para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En respeto a los derecho de las víctimas en Colombia, no se podrá destruir, dañar o inundar con proyecto alguno el territorio nacional hasta tanto no se hallen las fosas comunes y los cuerpos de los miles de desaparecidos que hay en el país; hasta tanto no se asegure el agua para el consumo humano, la seguridad alimentaria para todas las comunidades, hasta tanto no se garantice el restablecimiento de derechos de las víctimas de megaproyectos.
El Movimiento Ríos Vivos propone la creación de una Comisión Nacional de Represas que se encargue de estudiar y dar seguimiento a los proyectos ya construidos y en construcción, para establecer la verdad de lo ocurrido en los territorios, las relaciones entre represas y conflicto armado; instaurar directrices para la toma de decisiones sobre nuevos proyectos de represas en cuanto a lo ambiental, técnico, social, cultural y económico. Mientras el trabajo de esta comisión avanza no deberán otorgarse licencias ni permisos ambientales para la construcción de proyectos y los resultados o directrices de la Comisión deberán ser adoptados mediantes proyectos de Ley o en las Política Publicas del gobierno nacional.
El Movimiento Ríos Vivos propone la creación de una Comisión de la Verdad Ambiental que establezca los daños que el conflicto armado y sus actores le han generado a la naturaleza, genere directrices para su reparación y garantías de no repetición en términos ambientales y sociales.
¡Aguas para la vida, no para la muerte!
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