Movimiento Social

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Rechazo a desalojos de mineros artesanales en las orillas del Río Cauca

In Uncategorized on mayo 27, 2011 at 4:17 pm

Mesa de Debate Ciudadano

A más deliberación, menos incertidumbre.

BOLETÍN DE PRENSA

Rechazo a desalojos de mineros artesanales en las orillas del Río Cauca expresa la Mesa de Debate Ciudadano sobre Hidroituango.

No hay prueba alguna de que los amenazados con desalojos en la zona de influencia de Hidroituango sean invasores, sostienen los integrantes de la Mesa de Debate Ciudadano de Hidroituango, por lo que es preciso establecer quiénes de los que están en la orilla del Río Cauca ejerciendo la actividad de extracción de oro son realmente mineros permanentes, ocasionales o trashumantes y quienes no lo son antes de proceder.

La decisión arbitraria del Alcalde de Briceño de ordenar el desalojo de 125 mineros, por presiones aún más arbitrarias del Gobernador de Antioquia, sienta un mal precedente para la concertación con las comunidades acerca de las compensaciones e indemnizaciones a quienes se verán afectados por el proyecto hidroeléctrico, e indica que el rumbo que van tomando las relaciones entre la empresa concesionaria, EPM HIDROITUANGO y las comunidades será el de la confrontación.

La Mesa de Debate Ciudadano de Hidroituango, que jugó un papel protagónico en la movilización social de los antioqueños que obligó al Gobernador Ramos y al Gerente del IDEA a entregar en concesión el proyecto a EPM y no a un inversionista extranjero, exige que antes de proceder contra humildes barequeros, se busque un acuerdo que permita que éstos puedan seguir ejerciendo su actividad mientras entra en funcionamiento el proyecto; así mismo demanda un trato democrático para quienes deban desocupar las riberas del río para dar paso al proyecto, de tal forma que puedan reubicarse en condiciones de vida mínimamente iguales o mejores que las actuales.

Recuerda la Mesa de Debate que los ríos son bienes públicos, y ninguna empresa nacional o extranjera, por importante que sea, puede ejercer sobre su cauce derechos no consagrados ni en la Constitución ni en la Ley.

MESA DE DEBATE CIUDADANO HIDROITUANGO

ASOCIACIÓN DE MUJERES IDEALES DE ITUANGO; ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS GANADEROS DE ITUANGO (ASOGADI); ASOCIACIÓN DE MINEROS AFECTADOS POR HIDROITUANGO (ASOMITUANGO); SINTRAEMSDES (Sindicato de Trabajadores de EPM); CEDETRABAJO; ASOPRUDEA; APROCÁTEDRA; ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE LIGAS DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (ASULUS); CORPORACIÓN VOCES CIUDADANAS; CARLOS BALLESTEROS CONCEJAL DE MEDELLÍN; JORGE GÓMEZ DIPUTADO ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA; RED COLOMBIANA DE ACCIÓN CONTRA LA GRAN MINERÍA MULTINACIONAL (RECLAME).

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Nace el Movimiento Colombiano Rios Vivos

In Uncategorized on mayo 26, 2011 at 2:33 am

La historia comenzó hace cinco años con la formación de la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases. Ahora, con el propósito dLa historia comenzó hace cinco años con la formación de la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases. Ahora, con el propósito de darle un carácter más político a la iniciativa, quedó constituido el movimiento colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas “Ríos Vivos”.

La primera actividad se desarrolló hace poco más de un mes en la provincia de Santander, en los márgenes del río Sogamoso, según relató a Radio Mundo Real el activista Juan Pablo Soler, uno de los referentes colombianos de la lucha contra el modelo energético de las grandes represas hidroeléctricas.

Ese día se movilizaron miles de personas en Antioquia, Santander, Huila y Bogotá en rechazo a los proyectos hidroenergéticos y a la política minero energética impulsada por el gobierno colombiano.

“El modelo que tenemos en Colombia es el mismo que se repite en todo el mundo. Es un modelo de energía obsoleto, que no mejora la calidad de vida de las comunidades”, señaló Soler.

El dirigente puso como ejemplo más gráfico a la construcción del proyecto Hidrosogamoso, que desplazará a unas 800 personas, sobre todo pescadores, campesinos sin tierra y pequeños mineros.

Otra situación similar, según Soler, se vive con la construcción de la represa El Quimbo, que afectaría a unas 700 familias, o con la segunda fase del proyecto Urrá sobre el río Sinú, que perjudicaría a las comunidades indígenas emberá katío.e darle un carácter más político a la iniciativa, quedó constituido el movimiento colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas “Ríos Vivos”.

La primera actividad se desarrolló hace poco más de un mes en la provincia de Santander, en los márgenes del río Sogamoso, según relató a Radio Mundo Real el activista Juan Pablo Soler, uno de los referentes colombianos de la lucha contra el modelo energético de las grandes represas hidroeléctricas.

Ese día se movilizaron miles de personas en Antioquia, Santander, Huila y Bogotá en rechazo a los proyectos hidroenergéticos y a la política minero energética impulsada por el gobierno colombiano.

“El modelo que tenemos en Colombia es el mismo que se repite en todo el mundo. Es un modelo de energía obsoleto, que no mejora la calidad de vida de las comunidades”, señaló Soler.

El dirigente puso como ejemplo más gráfico a la construcción del proyecto Hidrosogamoso, que desplazará a unas 800 personas, sobre todo pescadores, campesinos sin tierra y pequeños mineros.

Otra situación similar, según Soler, se vive con la construcción de la represa El Quimbo, que afectaría a unas 700 familias, o con la segunda fase del proyecto Urrá sobre el río Sinú, que perjudicaría a las comunidades indígenas emberá katío.

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Dos represas y mil lecciones. No mas represas ni promesas

In Uncategorized on mayo 21, 2011 at 6:10 pm

Tomado de SEMANA.com

Dos represas y mil lecciones
Por Natalia Orduz Salinas*
OPINIÓNPocos, salvo los indígenas y otros contados, se atrevieron a advertir que esos proyectos estaban anclados en un contexto ineludible de conflicto armado.
Viernes 20 Mayo 2011

Los campesinos le dan ahora la razDos represas y mil lecciones
Por Natalia Orduz Salinas*
OPINIÓNPocos, salvo los indígenas y otros contados, se atrevieron a advertir que esos proyectos estaban anclados en un contexto ineludible de conflicto armado.
Viernes 20 Mayo 2011
Los campesinos le dan ahora la razón al pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. No fue el prometido desarrollo el que llegó, sino un olor nauseabundo cada vez que se abren las compuertas de la represa El Cercado y salen los esqueletos de los árboles que fueron cubiertos no en cuatro años, como estaba previsto, sino en tres meses. Además del insoportable hedor, llegó una nube de mosquitos que disparó los casos de dengue. La triste idea de tener que trasladarse de allí se está apoderando de mucha gente que ha podido resistir al desplazamiento de la violencia.
Cuentan que hace seis años, en la época en que Corpoguajira expidió la licencia ambiental, la gente sabía que el que hablaba o se resistía se iba, como nos contaron allá, al barrio de los acostados. En la zona había retenes de grupos armados ilegales, que atemorizaban a la población e impedían la entrada de alimentos. Y, en efecto, varios líderes importantes fueron asesinados.

Una historia similar ocurrió más al sur, por la cuenca del río Sinú en el departamento de Córdoba. Después de que se construyera y llenara la represa de Urrá, los pescadores de la parte baja del río tuvieron que hacer, con lloronas a bordo, un entierro simbólico del pescado bocachico, no solo la fuente de su economía, sino el centro de sus actividades sociales y familiares. Los indígenas Embera Katío también se quedaron sin la fuente de proteína que autónomamente conseguían y ahora dependen de unas indemnizaciones individuales pagas por la empresa, que han contribuido a fragmentar y debilitar a las comunidades y organizaciones.

La primera oportunidad de los indígenas, pescadores y campesinos de dar su opinión sobre Urrá se presentó en 1995, un año después de que se construyera la represa. Ello ocurrió en una audiencia promovida por la Defensoría del Pueblo que varios gremios empresariales intentaron bloquear. Luego, durante un proceso de consulta previa, que fue posterior a la construcción, fueron asesinados varios líderes indígenas por oponerse a la represa. Entre ellos, el conocido Kimy Pernía.

En el Cercado y en Urrá, la mayoría de actores aplaudieron la idea de que los proyectos traerían progreso a la región y al país. Pocos, salvo los indígenas y otros contados, se atrevieron a advertir que esos proyectos estaban anclados en un contexto ineludible de conflicto armado y en una naturaleza tan indomable como maravillosa que no se resiste a que la manipulen sin respeto y sin conocimiento.

La indiferencia frente a los contextos locales en la toma de decisiones sobre megaproyectos de aprovechamiento de recursos naturales persiste. Los mapas que se presentan para promover la inversión extranjera, como por ejemplo los del Open Round para la inversión petrolera, están literalmente en blanco. No muestran resguardos, territorios comunitarios o zonas ambientales protegidas.

En la retórica de las bases del Plan Nacional de Desarrollo tampoco se ve con claridad cómo se conjurarán los riesgos de que los rieles de las locomotoras pasen por zonas que están bajo la sombra de las presiones territoriales de actores armados y donde palpitan disputas no solo sobre las tierras y los recursos, sino también frente a visiones distintas de desarrollo.

Como resultado, al menos en represas, ya hay dos ejemplos de lo que no se debe hacer. Como forma reparadora para estos pueblos indígenas y comunidades, no deberían construirse nuevas represas en sus territorios contra su voluntad, como por ejemplo los Besotes y Urrá II (o Proyecto Río Sinú).

Y como forma reparadora para todos los pueblos y comunidades, debe partirse por reconocer que en un entorno de diversidad y riqueza envidiables, los megaproyectos potencialmente se pueden trenzar con las dinámicas de la violencia y pueden generar daños irreversibles que nadie, al menos del gobierno, está estudiando con detenimiento y que muy pronto nos podrán inundar.

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad

ón al pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. No fue el prometido desarrollo el que llegó, sino un olor nauseabundo cada vez que se abren las compuertas de la represa El Cercado y salen los esqueletos de los árboles que fueron cubiertos no en cuatro años, como estaba previsto, sino en tres meses. Además del insoportable hedor, llegó una nube de mosquitos que disparó los casos de dengue. La triste idea de tener que trasladarse de allí se está apoderando de mucha gente que ha podido resistir al desplazamiento de la violencia.

Cuentan que hace seis años, en la época en que Corpoguajira expidió la licencia ambiental, la gente sabía que el que hablaba o se resistía se iba, como nos contaron allá, al barrio de los acostados. En la zona había retenes de grupos armados ilegales, que atemorizaban a la población e impedían la entrada de alimentos. Y, en efecto, varios líderes importantes fueron asesinados.

Una historia similar ocurrió más al sur, por la cuenca del río Sinú en el departamento de Córdoba. Después de que se construyera y llenara la represa de Urrá, los pescadores de la parte baja del río tuvieron que hacer, con lloronas a bordo, un entierro simbólico del pescado bocachico, no solo la fuente de su economía, sino el centro de sus actividades sociales y familiares. Los indígenas Embera Katío también se quedaron sin la fuente de proteína que autónomamente conseguían y ahora dependen de unas indemnizaciones individuales pagas por la empresa, que han contribuido a fragmentar y debilitar a las comunidades y organizaciones.

La primera oportunidad de los indígenas, pescadores y campesinos de dar su opinión sobre Urrá se presentó en 1995, un año después de que se construyera la represa. Ello ocurrió en una audiencia promovida por la Defensoría del Pueblo que varios gremios empresariales intentaron bloquear. Luego, durante un proceso de consulta previa, que fue posterior a la construcción, fueron asesinados varios líderes indígenas por oponerse a la represa. Entre ellos, el conocido Kimy Pernía.

En el Cercado y en Urrá, la mayoría de actores aplaudieron la idea de que los proyectos traerían progreso a la región y al país. Pocos, salvo los indígenas y otros contados, se atrevieron a advertir que esos proyectos estaban anclados en un contexto ineludible de conflicto armado y en una naturaleza tan indomable como maravillosa que no se resiste a que la manipulen sin respeto y sin conocimiento.

La indiferencia frente a los contextos locales en la toma de decisiones sobre megaproyectos de aprovechamiento de recursos naturales persiste. Los mapas que se presentan para promover la inversión extranjera, como por ejemplo los del Open Round para la inversión petrolera, están literalmente en blanco. No muestran resguardos, territorios comunitarios o zonas ambientales protegidas.

En la retórica de las bases del Plan Nacional de Desarrollo tampoco se ve con claridad cómo se conjurarán los riesgos de que los rieles de las locomotoras pasen por zonas que están bajo la sombra de las presiones territoriales de actores armados y donde palpitan disputas no solo sobre las tierras y los recursos, sino también frente a visiones distintas de desarrollo.

Como resultado, al menos en represas, ya hay dos ejemplos de lo que no se debe hacer. Como forma reparadora para estos pueblos indígenas y comunidades, no deberían construirse nuevas represas en sus territorios contra su voluntad, como por ejemplo los Besotes y Urrá II (o Proyecto Río Sinú).

Y como forma reparadora para todos los pueblos y comunidades, debe partirse por reconocer que en un entorno de diversidad y riqueza envidiables, los megaproyectos potencialmente se pueden trenzar con las dinámicas de la violencia y pueden generar daños irreversibles que nadie, al menos del gobierno, está estudiando con detenimiento y que muy pronto nos podrán inundar.

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad

Articulo disponible en: http://www.semana.com/comunidad-semanacom/dos-represas-mil-lecciones/157034-3.aspx

Denuncian violación de Derechos por Proyecto de ENDESA – Colombia

In Uncategorized on mayo 5, 2011 at 7:28 pm

ASOQUIMBO DENUNCIA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO DE ENDESA-EMGESA ENEL Y EXIGE PRESENCIA INMEDIATA DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

 La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo Huila Colombia ante la extrema gravedad de violación de los derechos fundamentales de las comunidades afectadas exige la presencia inmediata de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos con fundamento en los siguientes hechos:

1.- La Defensoría Nacional del Pueblo mediante Oficio  4050 –0388 de marzo 30 de 2011, de acuerdo con lo observado en los municipios del área de influencia del proyecto hidroeléctrico, en recorrido que también realizó el MAVDT durante la semana del 20 al 24 de marzo del presente año, solicita al Ministerio de Ambiente se suspenda la licencia ambiental a Emgesa para la realización del proyecto El Quimbo, Resolución 899 del 15 de mayo del 2009, modificada por la Resolución 1814 de septiembre de 2010, hasta tanto no se adelanten los estudios y se implementen las medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de todas las comunidades que están siendo afectadas o que ven amenazados sus derechos por el avance de las obras del proyecto”. Según la Defensoría:

  Se iniciaron las obras sin haberse dado el proceso de reubicación o reasentamiento de la comunidad Domingo Arias.

  •  Presión a las comunidades para que vendan en lugar de que opten por la reubicación o el reasentamiento como primera opción (casos referidos en Ríoloro y otras zonas de la región).
  • Restricción del derecho a la información a los grupos en situación de vulnerabilidad, lo que implica que desconozcan las medidas de compensación que deben beneficiarlos.
  • Con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las medidas de compensación para las personas que se afectan por ello.

 2.- En el mismo Oficio reitera la solicitud de revocatoria de la Resolución 1814 de septiembre de 2010 e insiste en las siguientes razones para ello: 1) Desconoce acuerdos logrados en las mesas de concertación. 2) No tiene en cuenta a las comunidades para modificar la licencia ambiental. 3) Contribuye a que se disminuya la inversión de la Empresa en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales sin aclarar los efectos que esta medida pueda tener sobre los diferentes grupos poblacionales. 4) Amenaza el derecho al acceso y la tenencia de la tierra en concordancia con los derechos a la vivienda, a la prestación de los servicios públicos, a la seguridad alimentaria, entre otros, de los grupos poblacionales más vulnerables de la región. La entidad señaló que “la empresa no ha hecho entrega de algunos estudios exigidos en la licencia ambiental respecto de temas muy impactantes sobre derechos de las comunidades”.

3.- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Oficio del 15 de abril de 2011, dirigido a la presidenta de Asoquimbo anuncia que “de acuerdo a los resultados de las socializaciones efectuadas en el mes de marzo del presente año y de acuerdo a la visita de seguimiento realizada en el mes de noviembre del 2010, este Ministerio se encuentra elaborando las correspondientes actuaciones administrativas a través de las cuales se fijará la posición Ministerial en torno a todas y cada una de las problemáticas evidenciadas tanto en la visita como en las socializaciones”. Hasta el momento el Ministerio no ha expedido el Acto Administrativo tantas veces anunciado  y a cambio de proteger los derechos fundamentales de los afectados, ha garantizado las condiciones para que la empresa incumpla sin escrúpulos con las obligaciones sociales establecidas en la licencia que demandan por lo menos la compensación de los proyectos de vida, el restableciendo de las condiciones económicas, la conservación del tejido social, el reasentamiento  colectivo e individual de manera concertada, coordinada y con participación de un organismo de control. En la zona de El Quimbo no existe ninguna autoridad ambiental ni organismo de control que vigile de manera permanente y sistemática las actuaciones de las empresas Endesa Emgesa-Enel.

4.- El Procurador Delegado para asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Amaya,  incumplió con el compromiso de solicitar al MAVDT la suspensión de las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y a visitar a las comunidades afectadas en la segunda semana de abril, compromiso adquirido durante la realización del foro sobre impactos de megaproyectos energético-mineros realizado en el Congreso de Colombia el 16 de marzo de 2011. Por su comportamiento de emitir conceptos cuestionados por el Tribunal de Cundinamarca por afectar la legalidad, el patrimonio del Estado y los derechos fundamentales relacionados con la modificación de la Licencia Ambiental del Proyecto El Quimbo, se compulsaron copias a través del Senado para que se le investigue por su responsabilidad administrativa, civil y penal.

5.- De las 400 familias, cerca de 2000 personas que perderían sus fuentes de empleo,  ya fueron desplazados por el Estado y las transnacionales  166 campesinos de 11 fincas que negoció Emgesa.  Se han paralizado las actividades agropecuarias afectando los proyectos de vida de todos los pobladores residentes en la Zona, causando la muerte de 5 ancianos por afectación sicosocial y otros se encuentran en situación de cuidados intensivos.

6.- Existen denuncias por el trato inhumano de que son víctimas los trabajadores contratados residentes en el Huila debido a la pésima remuneración, extensas jornadas de trabajo e insultos por parte de la jefatura de obras. La destrucción de bienes de pescadores como sus ranchas y las amenazas a jornaleros y moradores que históricamente han habitado el territorio para que abandonen sus actividades productivas negándoles el acceso a los recursos mínimos para su subsistencia. Las empresas afirman que son las propietarias de la Zona y, en consecuencia, restringen el ingreso a los colombianos a lugares reservados exclusivamente para los Españoles e Italianos.

7.- En respuesta a derecho de petición, funcionarios de la Corporación Autónoma del Magdalena realizaron visita de verificación de varias fallas geológicas en la Reserva Forestal de la Sociedad Civil el Viche y otras fincas ubicadas cerca a la Zona de El Quimbo, que superan los cinco metros de hundimiento, rompiendo la Roca de formación Gualanday y Peñon del Magdalena. Moradores de la Zona afirman que es posible que dichas fallas geológicas estén relacionadas con  los deslizamientos de tierras en la zona de los altares – jurisdicción  del municipio de Gigante, Huila.

8.- La científica climática, Payal Parekh, directora del Programa Climático de International Rivers había solicitado ante la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR (SASC por su nombre en inglés) que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo no sea certificado como Mecanismo de Desarrollo Limpio, fundamentalmente porque el costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad huilense, y en su implementación está desconociendo recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas, en particular, la omisión de la participación de los afectados,  el desconocimiento de la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación y licenciamiento del Proyecto violando convenios y tratados firmados por Colombia en el ámbito ambiental y los altos riesgos de fallas geotécnicas tales como los deslizamientos de tierra y terremotos.

9.- Ante la ausencia de cualquier autoridad ambiental y de control no se ha podido confirmar sobre posibles hallazgos arqueológicos producto de las excavaciones ni del arrojo al Río Magdalena de tierra, piedras y escombros con el fin de disminuir costos por el traslado adecuado de los mismos.

La Asociación de Afectados –Asoquimbo- exige la suspensión de la licencia y las obras del proyecto, el restablecimiento pleno de los derechos y de la actividad productiva de todas las comunidades indemnizándolas por los daños causados, la restitución de los predios adquiridos por Emgesa para quienes han sido desplazados de los mismos ilegalmente por el Estado, la conformación de una Mesa por la Defensa y Protección de los Derechos de las Comunidades, la presencia inmediata de una Misión Especial del Comité Interamericano de Derechos Humanos y la movilización de organizaciones sociales por la defensa de nuestro territorio y la construcción de una Reserva Campesina Agroalimentaria para la Región de El Quimbo. 

Neiva,  4 de Mayo de 2011.

 

Asociación de Afectados por El Quimbo ASOQUIMBO,

ELSA ARDILA MUÑOZ

Presidenta

Miller Armín Dussán Calderón

Investigador Universidad Surcolombiana Neiva

 

¡Nace el Movimiento Colombiano Rios Vivos!

In Uncategorized on mayo 4, 2011 at 4:53 pm

Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas “Ríos Vivos”

DECLARACIÓN DE LA PLAYA

Betulia, Santander, abril 04 de 2011

En La Playa, Betulia, Santander, junto a las suaves brisas del río Sogamoso, mujeres y hombres que desde hace 5 años constituimos la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvases nos reunimos el 3 y 4 de abril para reflexionar sobre los alcances de la Jornada Nacional en Defensa de los Territorios, realizada entre el 14 y 16 de marzo, en conmemoración del Decimocuarto Día de Acción Internacional contra Represas y por los ríos, el Agua y la Vida. Esta jornada logró movilizar a miles de personas en Antioquia, Santander, Huila y Bogotá en rechazo a los proyectos hidroenergéticos, a la política minero energética del gobierno Santos que vulnera la autonomía y soberanía en los territorios y para exigir respeto de los derechos sociales y ambientales.

Como en otras ocasiones, nos reunimos junto a poblaciones de afectados por la construcción de estos megaproyectos. Esta vez estuvimos con la gente afectada por la construcción del proyecto Hidrosogamoso: pescadores/as, vendedoras de pescado, campesinos/as con y sin tierra, trabajadores y pequeños mineros que manifestaron los conflictos que sufren desde que la empresa Isagen llegó a la región con falsas promesas y ocultando los impactos que la presa podría provocar sobre el río y las formas de vida ligadas a él.

Así mismo, manifestaron que ISAGEN no ha querido reconocerlos como personas afectados de este megaproyecto. La empresa nacional niega que las represas tengan impactos ´aguas abajo´ de la presa, aun pasando por encima de los argumentos de la propia Comisión Mundial de Represas. Las empresas no reconocen la afectación sino a aquellos que poseen títulos sobre las tierras, desconociendo el reconocimiento de los derechos sociales y políticos de las poblaciones afectadas que suelen ser invisibilizadas en los estudios de impacto ambiental y planes de mitigación. Los pueblos afectados somos todos aquellos que interactuamos directa o indirectamente con los ríos.

Pudimos percibir que la gente ha vivido atemorizada desde que la obra empezó. Personas de diversas regiones han llegado y transformado el territorio, la contaminación del río por las obras ha disminuido notablemente la pesca, la desviación del curso del río a través de dos túneles provocó una gran mortandad de peces, y los pobladores ribereños hoy sufren la disminución de la pesca, su principal fuente de proteína, amenazando su soberanía y seguridad alimentaria, con el agravante de dejar sin trabajo a decenas de mujeres que vendían el pescado sobre la vía.

Observamos que la contaminación de las aguas del río ha provocado brotes de enfermedades, como la sarna y el salpullido, afectando principalmente a niños y niñas. Abusando de la autoridad y afectando bienes públicos, el Rector de la UNIPAZ permitió a Isagen la intervención en la finca propiedad de la Universidad de la Paz, donde los estudiantes hacían sus prácticas agrícolas y que permitían a decenas de campesinos sin tierra cultivar con el permiso de la Universidad, estableciendo un verdadero diálogo de saberes entre campesinos y estudiantes. Mientras trabajadoras y trabajadores denunciaron a las empresas contratistas de Isagen, quienes imponen extensas jornadas y violan permanentemente los derechos laborales.

Constatamos el papel desempeñado por algunas organizaciones que encubren sus intereses monetarios detrás de discursos ambientalistas y desarrollistas. En el Sogamoso, la Fundación Natura trabaja en función de los intereses de Isagen subestimando los graves impactos ambientales al tiempo que culpabiliza a los pobladores locales por los serios conflictos ambientales que actualmente sufre la región, situación similar ha tenido lugar en la construcción de la represa El Quimbo. De igual manera, el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio prefiere guardar silencio a denunciar las graves afectaciones y violaciones de los derechos humanos de los habitantes de este territorio.

Esta evaluación y la creciente participación de pueblos afectados y amenazados por estos megaproyectos que sirven al capital nos permite reconocernos como Movimiento de Nacional en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas, ¡Ríos Vivos! Por todo la anterior:

DECLARAMOS QUE:

* El Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas, ¡Ríos Vivos! abogará por la construcción de una política minero energética que respete la soberanía y autodeterminación de los pueblos que habitan los territorios, y por la defensa de los derechos sociales y ambientales de las comunidades afectadas.

* Apoyamos la lucha legítima de los pobladores y pobladoras de Temacapulín, México, que paralizaron las obras de la Presa El Zapotillo como medida de hecho para hacer respetar sus derechos, ante el incumplimiento de suspensión que el gobierno local no ha acatado.

* Las represas no representan una opción para el buen vivir, no pueden considerarse como un Mecanismo de Desarrollo Limpio pues está comprobado que contribuyen al cambio climático por la producción de metano, un importante gas de efecto invernadero, destruyen la dinámica natural de los ríos y provoca graves conflictos ambientales, sociales y culturales.

* Los grandes proyectos de represas en Colombia no responden a las necesidades de las comunidades locales a las que se les imponen los costos sociales y ambientales de estos proyectos, a la vez que se imponen bajo una lógica netamente comercial.

RECHAZAMOS:

* El rol de organizaciones que intentan legitimar las acciones de las empresas constructoras de las represas, haciéndole juego al capitalismo verde en nombre de un supuesto progreso, como son el caso de la Fundación Natura y Programa de Paz del Magdalena Medio, PDPMM

* La vulneración del derecho a la protesta por parte del Estado, mediante el uso de la fuerza pública, que dejó un saldo de tres heridos en el paro social que se levantó en Santander, para detener las obras de la represas Hidrosogamoso.

* La imposición de represas en los territorios que vulneran la autodeterminación de pueblos indígenas y negros

EXIJIMOS

* Respeto a la cosmovisión de pueblos indígenas, negros y campesinos en las regiones donde se planean proyectos de represas y minería

* Cumplimiento de los acuerdos de la mesa de concertación que se llevó a cabo el 16 de marzo de 2011 entre las comunidades afectadas por el proyecto Hidrosogamoso, la empresa ISAGEN y el Gobierno Departamental. (Ver acuerdos de esta reunión)

* Protección y garantías para las comunidades afectadas por la represa Hidroituango, luego de que algunos líderes sociales fueran señalados tras la movilización del pasado 14 de marzo, donde se puso en evidencia que los impactos socioambientales que esta represas producirá no están claramente determinados..

* La cancelación del proyecto El Quimbo exigida por Asoquimbo, avalada por la Defensoría del Pueblo, y compromiso adquirido pero incumplido por el Procurador Agrario Ambiental tras el Foro Nacional sobre los impactos de los megaproyectos minero y energéticos sobre el territorio, el ambiente y la cultura, realizado el 16 de marzo en el Senado de la República en Bogotá. Demandamos la suspensión inmediata de las obras de la represa El Quimbo.

* La cancelación de los demás proyectos hidroeléctricos de Colombia que atentan contra el buen vivir en el campo y la ciudad. Es necesario impulsar nuevas formas de vida menos intensivas en el uso de la energía, el impulso de una nueva matriz energética sin mega – represas, y donde el agua y la energía no sean mercancías. De esta manera demandamos la cancelación de Hidrosogamoso, Hidroituango, El trasvase del Río Guarinó, el proyecto DROES y se desmantelen las represas que han contaminado y destruido los territorios, como Anchicayá, Salvajina, Urra I, La Miel, El Prado, Betania y se compensen a las comunidades por los impactos que estos proyectos han ocasionado.

Reconocimiento, por parte del gobierno nacional, de los afectados y afectadas como actores y sujetos políticos indispensables para la reformulación de la actual política minero energética colombiana

PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!


Ríos Vivos

Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y afectados por las Represas

https://defensaterritorios.wordpress.com

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