Movimiento Social

Archive for 31 agosto 2011|Monthly archive page

Defensor del Huila atropella las comunidades que debiera defender

In Uncategorized on agosto 31, 2011 at 7:43 pm

Defensor delegado en la región del Huila, intenta favorcer las acciones de la Empresa EMGESA alpromover reuniones aisladas con los pescadores, que desde el 07 de junio se encuentran acampando en las riberas del río Magadalena.

En carta dirigida al Defensor nacional, ASOQUIMBO, manifiesta esta irregularidad del funcionario, lo cual llama la atención sabiendo que la defensoría tiene conocimiento y lo ha manifestado por escrito de las iiregularidades de la empresa y de la violación a los derechos humanos en que se está incurriendo contra todos los pobladores de la región.

Nos unimos a esta voz de rechazo y también exigimos que de inmediato se le suspenda la delegación por parte de la Defensoría del Pueblo a la Zona de El Quimbo y se responda el Derecho de Petición de los Pescadores que adjuntamos.

Movimiento Ríos Vivos

Adjunto, carta ASOQUIMBO

Gigante, agosto 30 de 2011

Doctor

VOLMAR PÉREZ

Defensor del Pueblo de Colombia

Referencia: Desconocimiento del Derecho Constitucional a la Participación y       Organización  Comunitaria por funcionario de la Defensoría del Pueblo

La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo, reconocida según NIT: 900308358-1 solicita a usted se nos informe si existe alguna directriz a sus funcionarios para que desconozcan el legítimo Derecho a la Participación y Organización de las comunidades, a raíz del siguiente hecho:

El día 30 de agosto en horas de la mañana, en Playa del Rio Magdalena, contigua a la Vereda  Domingo Arias del Municipio de Paicol, lugar donde permanecen pescadores artesanales desde el 7 de Junio de 2011 exigiendo al MAVDT indemnización por graves violaciones a sus derechos  causadas por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, el Señor JUAN MARTINEZ, funcionario de la Defensoría Nacional del Pueblo, les propuso una “reunión de concertación” entre representantes de los pescadores y Emgesa con la mediación de dicho funcionario, sin la presencia de Asoquimbo al considerarla como un obstáculo para la búsqueda de un acuerdo entre las partes.

Asoquimbo ha asumido la defensa de los Derechos de todas las poblaciones afectadas, incluidos los pescadores, reconocida legítimamente por las comunidades ante los graves atropellos de que han sido víctimas por parte de Emgesa (ver Resolución 1096 de 2011 del MAVDT) y ante la ausencia total por parte del Estado, incluido los organismos de control y la Defensoría del Pueblo. Pretender desconocer nuestra organización por parte de un funcionario de la Defensoría del Pueblo es atentar contra los Derechos de los Ciudadanos y negar la naturaleza misma de esa institución.

Lo más grave es que el funcionario aludido asume la misma postura de Emgesa de dividir las comunidades, provocando enfrentamientos con la dirección de Asoquimbo, con el propósito perverso de continuar engañándolas con ofertas indignas. A cambio de remitir inmediatamente a usted el Derecho de Petición adjunto, se reúne con Emgesa para promoverle una reunión directamente con los pescadores para dividirlos y lograr que desalojen el lugar donde cumplen la función de veedores ante el incumplimiento sistemático de las medidas preventivas impuestas a Emgesa por el Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM-

Este funcionario al igual que Emgesa pretende promover reuniones aisladas con los pescadores, desconociendo a Asoquimbo y la recién constituida Mesa de Protección de los Derechos Humanos de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo que surgió precisamente ante la ausencia de instituciones como la Defensoría del Pueblo y eludiendo la responsabilidad del Estado de Proteger de manera integral los Derechos de todos los Afectados, favoreciendo los intereses de las transnacionales.

Expresamos nuestra indignación por el comportamiento de este funcionario y exigimos que de inmediato se le suspenda la delegación por parte de la Defensoría del Pueblo a la Zona de El Quimbo y se responda el Derecho de Petición de los Pescadores que adjuntamos.

Firmado,

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO  -ASOQUIMBO-

 

ELSA ARDILA MUÑOZ                         

C. C.55.111.405

Presidenta

ROLANDO BOTELLO RODRIGUEZ

Concejal del Municipio de Gigante

Miembro de Asoquimbo.

c.c.

BEATRIZ URIBE BOTERO

Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

CARLOS CASTAÑO URIBE

Viceministro de Ambiente

LUZ ELENA SARMIENTO

Directora de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

GLORIA ELSA RAMIREZ VANEGAS

Secretaria General con Funciones Asignadas de Defensor del Pueblo.

VIVIANE MORALES HOYOS

Fiscal General de la Nación

SANTIAGO A CANYON

Secretario Ejecutivo

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington

JOSE MIGUEL VIVANCO

Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW)

CRISTIAN SALAZAR VOLKMANN

Representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.

JUAN PABLO SOLER

Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y los Afectados por Represas ¡Ríos Vivos!

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO

Senador de la República

ALEXANDER LÓPEZ MAYA

Senador de la República

ALFONSO DECOLSA

PNUD Región Surcolombiana

OBSURDH

CARLOS SALGADO

Planeta Paz

Anuncios

EL RÍO SOGAMOSO SE RESISTE A MORIR

In Uncategorized on agosto 23, 2011 at 12:00 am

Ponencia presentada por el Movimieto Social en Defensa del Río Sogamoso

audiencia minero energética Congreso de la República

Bogotá 3 de agosto de 2011 

 

AGOSTO 3 – CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

El Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso extiende un fraternal saludo a la honorable mesa principal, al auditorio y a todos aquellos allá donde estas palabras se escuchen.

Primeramente trataré de ubicarlos con respecto de lo que procederé a tratar.  Actualmente en el departamento de Santander se adelanta un megaproyecto llamado “Hidrosogamoso”, que es una gran represa construida en el Río Sogamoso y ubicada entre Bucaramanga y Barrancabermeja, las dos ciudades principales de la región.  Esta presa se piensa como generadora de energía, pero la totalidad de la misma se destinará al mercado internacional, más exactamente a la América Central, todo enmarcado en el Plan Puebla Panamá e IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), dos iniciativas neoliberales e impulsadas por el gran capital trasnacional.  Queda sentado así que ninguna necesidad nacional se ve satisfecha con este proyecto que encabeza la empresa colombiana ISAGEN S.A., pero que para todos los efectos prácticos es adelantado por la trasnacional italiana IMPREGILO, que aquí responde al nombre de ICT SAS.  Esta afirmación se realiza puesto que según estimados conservadores la empresa extranjera adelanta el 75% de las obras.

Con ambas empresas se alcanzó un acuerdo este 16 de marzo, luego de tres jornadas pacíficas y legítimas de protesta por parte de las comunidades a través del Movimiento.  Esta protesta fue brutalmente reprimida por el ESMAD de la policía, entidad que sin ningún rubor admite recibir órdenes directas de ISAGEN.  Hasta este mes de agosto las empresas han incumplido su palabra y el Estado no las ha presionado para que así sea.

En segundo lugar el Movimiento Social en Defensa del Sogamoso manifiesta su plena adhesión a la ponencia presentada por el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas (Ríos Vivos), particularmente a sus conclusiones y demandas.

Así entonces, y teniendo en cuenta que la ponencia de Ríos Vivos trató varios de los aspectos generales de este tipo de megaproyectos, a continuación pasaré a exponer sucintamente las particularidades que Hidrosogamoso presenta, todas ellas tan graves como lo ya enunciado y otras incluso peores. 

Primero hablaré de la cuestión formal y procedimental, no sin antes recordar que la debida guarda de las formas es una de las principales maneras de proteger los derechos sustanciales, cuya concreción se vería afectada si acaso las decisiones que con ellos tienen que ver se tomaran de manera arbitraria o irregular.  Pues justamente ese es el caso con Hidrosogamoso, resulta que la decisión de permitir semejante esperpento, o sea su licencia ambiental (resolución 476 de 2000), se tomó por parte del Estado colombiano de la manera más antidemocrática posible.  Nunca se realizó audiencia pública ambiental para expedir la licencia, esto puede ser considerado legal desde algún tipo de lectura retorcida de nuestra normativa, pero es algo claramente contrario al espíritu de nuestra Constitución, en particular de su preámbulo, y sus artículos 1º, 2º y 40º. Aparte de eso es evidentemente ilegítima, porque aparte de la carencia de una audiencia pública, se tiene que nunca se realizaron debidas jornadas informativas sobre lo que se preveía hacer y, sobre todo, de sus impactos y efectos, violando así nuestro derecho fundamental al acceso a la información.

Además nos hemos topado con que para el momento de expedición tampoco se tenían los estudios de caracterización socio-económica, ya que hasta el presente se hallan incompletos.

Por otro lado está lo ambiental, tema en donde tenemos que recordar que actualmente todos como raza humana estamos atravesando lo que se conoce como crisis ecológica, bien recordamos el calentamiento global, los niveles de deforestación, el clima y la naturaleza enloquecidos… Pues ha de recordarse que las grandes represas como esta son agentes agravantes de esta crisis, tal y como lo afirma una fuente inclasificable como tendenciosa: el Banco Mundial, a través de la Comisión Mundial de Represas.  Dadas las limitaciones de tiempo me limitaré a reiterar nuestra adhesión a la exposición de Ríos Vivos, donde los impactos ambientales se trataron ampliamente, y pasaré a señalar algunas particularidades del Sogamoso. 

Primero ha de saberse que ISAGEN ha cometido graves infracciones a la ley ambiental.  Según decisión de la autoridad de la materia, han hecho cosas como el haber intervenido la llamada quebrada 18 sin ningún tipo de permiso, o como la explotación nefasta e irregular un área forestal cuyo permiso de aprovechamiento recién solicita, el área Miramar.

También están las pérdidas en fauna y flora.  Resulta que en la zona de las obras y aledaños se han hallado diversas especies relacionadas en el convenio CITES por su peligro de extinción.  El caso de la población íctica es el de mayor preocupación, se han dado varios episodios como el del 28 de enero, donde cientos de miles de ejemplares de bocachico, dorada, picuda y bagre rayado quedaron atrapados debido al desvío del río, contingencia que solo fue atendida por la empresa después de la iniciativa que en ese sentido mostraron lo pescadores nativos.  Sin embargo fue un esfuerzo tardío y la inmensa mayoría de los peces resultaron bajo toneladas de tierra y piedras con que ISAGEN tapó todo el asunto.  También está la muy reciente mortandad de peces en la quebrada La Cabezonera y otros factores dañinos para la población piscícola imposibles de profundizar acá como el hecho de que estas especies requieren una fuente de agua dulce fluida y no obstruida para poder procrear y desovar.    Pero lo más impactante es el hecho de que en la zona se halló una posible única especie, se trata también de una especie acuática del tipo de Leptohyphodes.  Desafortunadamente la hemos hallado para inmediatamente acabarla.  Pero no solo los peces peligran, hay otras especies amenazadas como una tortuga, una rana y cinco reptiles y anfibios más.  Dos aves endémicas (el colibrí esmeralda rabicorta y el batará carcajada) igualmente pueden desaparecer junto con otras dos casi endémicas (el habia ceniza y el carpintero bonito).    Tampoco los mamíferos se salvan del holocausto: la marteja o mico de noche y la nutria también se verán dañados.  Se reitera que son muchos más las especies dañadas y que acá solo relaciono las incluidas en el convenio CITES de especies amenazadas.

 

Se ha producido también un empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas, tanto río arriba como río abajo, por la modificación artificial de la cuenca hidrográfica.  Esto sin contar con los vertimientos irregulares y altamente contaminantes en los cauces de los ríos, vertimientos de los cuales se tiene como prueba nada más y nada menos que la visita in situ realizada por miembros del Movimiento, distintos entes de control estatal y representantes de la empresa a las insuficientes plantas de tratamiento.  También se cuenta con otras pruebas que se develarán en su momento y lugar.  Igualmente se tiene la carta que a propósito de la quebrada La Cabezonera toda la comunidad le dirige a la gobernación de Santander y que dice: “Debido al alto grado de contaminación (aguas abajo de donde se está construyendo el relleno), es imposible la utilización del preciado liquido; por el alto grado de contaminación por residuos de químicos, pólvora, aceites y combustibles…”

 

Se presenta polución del aire y contaminación auditiva, por ejemplo con las explosiones en la obra que además de retumbar en los miles de oídos de los pobladores producen temblores con sus respectivas consecuencias que más adelante veremos.

 

Por último se denuncia la extracción irregular de material de construcción en el punto conocido como Hacienda La Flor.  Esta afirmación se realiza con la confianza de que hasta hoy en día no se cuenta con permiso en firme para ello, muy a pesar del hecho de que esa explotación lleva ya casi medio año.

También los daños económicos deben conocerse, el hecho mismo de la desaparición de los peces ha impactado tremendamente en el bolsillo de los pescadores y de toda la cadena productiva que de allí se desprende (vendedores de pescado, hielo, comidas…).  Los daños en los bienes inmuebles son también comunes, las explosiones de las que ya se habló abren en dos las viviendas de material y el desvío del río literalmente se come las fincas ribereñas.  Están los cultivos y viveros, muchos de ellos inundados o destruidos por los desvíos del río y otros muchos envenados con las sustancias irregularmente vertidas en el Sogamoso.  Perjuicios para los lancheros y motoristas que movían carga y pasajeros a lo largo del río hoy privatizado y moribundo.  Por último se trae a colación las ingentes pérdidas de otros gremios como los areneros y extractores de material de construcción del río, quienes no pudieron mantener esa fuente de ingreso debido a las obras.

En el aspecto social también se han producido efectos perniciosos, el primero de ellos se concatena con la cuestión económica y viene a ser la disminución en el nivel de vida de los pobladores del Sogamoso, quienes tienen básicamente están pasando de su pobreza histórica  a la miseria.  No puedo dejar de señalar lo que sucede con las caracterizaciones socio-económicas y los censos, que son incompletos puesto que no solo ignoran personas sino gremios (como los pescadores) o comunidades enteras (como algunas veredas y asentamientos).  También es de resaltar que se usan estas caracterizaciones para presentar una imagen distorsionada de los pobladores, diciendo que sus condiciones son paupérrimas y que de hecho deberían estar agradecidos de que esta megaproyecto haya llegadoa su región.

En lo laboral también se han producido una serie de fenómenos dignos de atención.  Para ello me remitiré un poco a la coyuntura pues la situación laboral con ISAGEN, IMPREGILO y demás empresas no difiere para nada de lo que se ha encontrado en el caso PACIFIC RUBIALES, en otras palabras en Hidrosogamoso la mayoría de trabajadores soporta un régimen de semiesclavitud apuntalado por las altas cifras de desempleo, que no dejan otra opción, y un papel del Estado netamente parcializado hacia las empresas.  Empresas que además de disfrutar de una legislación totalmente patronalista tienen el descaro de no cumplir las escasas normas que todavía protegen al trabajador.  Todo esto quedó sentado en el acuerdo firmado el pasado 16 de marzo entre la comunidad y las dos empresas, con la presencia de los entes de control a modo de facilitadores.  Pero además se tiene una gran cantidad de despidos injustificados y un reiterado desconocimiento de los derechos laborales irrenunciables como las horas extras y demás.  Por último en este tema se revelarán las pobrísimas condiciones de seguridad industrial, por ejemplo, los filtros de las máscaras de quienes trabajan en los túneles han de ser cambiados diariamente pero los trabajadores informan que los tienen que usar por lapsos de hasta quince días.

Otro ámbito donde ya se ven los efectos perniciosos de la presa es el arqueológico, histórico y cultural.  Ya en la última modificación de licencia ambiental (Resolución 970 de 2011) queda certificada la presencia de restos arqueológicos (petroglifos) en lugares intervenidos y queda establecida una alta posibilidad de más presencia de los mismos.  También se ha dado ya la pérdida de tradiciones como el Festival del Río que anualmente se celebraba en el sector de La Playa.  Hecho que además tiene sus implicaciones económicas pues era un puente festivo de alta afluencia de turistas.

La última temática que nos llena de preocupación es lo relativo a lo geológico y sísmico, ya sabemos todos que en Santander está ubicado el segundo nudo sísmico más activo del mundo y que la presa queda exactamente ubicada entre dos fallas: la de Suárez y la de Bucaramanga.  La gravedad de este tema llevó a que fuera incluido en el acuerdo del 16 de marzo, según el cual se contratará una misión independiente de expertos para que evalúe estos riesgos, equipo que hasta hoy no se ha conformado.  Hay que señalar que esos riesgos se exacerbarán con el llenado de la presa, el problema no es que se levante el muro sino el peso del agua y la lubricación entre las placas y fallas que ello producirá, facilitando así la ocurrencia de temblores y, en el peor de los casos, de tragedias.

En este momento se reitera el pesar por no contar con más tiempo para dar a conocer los muchos otros daños e impactos que han quedado fuera pero que de ninguna manera se pueden considerar de poca monta.  Solo resta reiterar que el Movimiento en Defensa del Río Sogamoso se adhiere a las demandas presentadas por Ríos Vivos y presenta dos más.

La primera es que se les exige a las autoridades competentes que se revoque, suspenda o de cualquier manera se deje sin efectos jurídico-legales a la Resolución 476 de 2000 contentiva de la licencia ambiental del megaproyecto.  Licencia ambiental que no es otra cosa que una patente de corso en virtud de la cual ISAGEN e IMPREGILO están atropellando los derechos más básicos con que contamos los santandereanos, colombiano y en general los habitantes de este nuestro único planeta.

La segunda es que el Estado colombiano asegure que la empresa indemnice y resarza todos los daños que ha producido entre la comunidad y el medio ambiente.

De esta manera me despido en nombre de los nobles y valientes habitantes del Sogamoso, quienes agradecen su atención y esperan la materialización de apoyos y solidaridades en esta titánica lucha.

 

Ríos vivos propone diálogo sobre política energética al Alto Gobierno

In Uncategorized on agosto 6, 2011 at 7:41 pm

–      AUDIENCIA PUBLICA –

POLITICA MINERO ENERGÉTICA Y SU IMPACTO EN LOS TERRITORIOS

Colombia, Bogotá D.C. Agosto 03 de 2011

Ponencia

Movimiento Colombiano Ríos Vivos

Esta intervención sintetiza los cuestionamientos, denuncias, vivencias, y propuestas de cientos de pobladores y pobladoras que han sido afectados por la construcción de represas y que nos articulamos en el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas bajo la consigna de propender porque los ríos se mantengan vivos y con ellos, las comunidades y sus culturas.

Con estas líneas traemos traemos el eco de los territorios de Colombia a este recinto del Congreso de la República, ecos de protesta de las personas que habitan los territorios con formas de vida  que por siglos han desarrollado en armonía con la naturaleza, pueblos a los cuales se les ha violentado sus maneras de habitar, se les ha amenazado su cultura e identidad, e impuesto el destierro o el desplazamiento, en nombre de lo que algunos sectores llaman “desarrollo”.

Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comunidades y la sociedad en general. No importa que empresa las construya, sus efectos e irregularidades se manifiestan de la misma manera. Los proyectos de represas en la actualidad se orientan para abastecer el mercado internacional de la energía que crece paulatinamente, protestamos porque este modelo energético es excluyente y atropella la vocación de los pueblos ancestrales en los territorios.

Las represas construidas han desplazado miles de personas en Colombia y el mundo, gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad económica tradicional por formas indignas de trabajo, para poder sobrevivir. Campesinos, pescadores y mineros artesanales se han visto obligados a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desempleados o  convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle, indígenas, campesinos y pescadores fueron  obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y sus planes de vida, como sucedió con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá I, entre otros.

Los impactos sociales más graves recaen o ejercen presión en la vida de las mujeres quienes tienen que enfrentar la ruptura o descomposición familiar, la violencia intrafamiliar, y las preocupaciones del hogar ante la falta de ingresos seguros. Sin embargo, frente a esta diversidad de impactos, el elemento común en cada lugar es que las mujeres jamás han sido tenidas en cuenta para el resarcimiento de derechos o indemnizaciones. Los EIA pasan por alto estos y muchos otros aspectos, lo que indica su ineficiencia.

En general, las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, vulnerando la seguridad y la soberanía alimentaria en las regiones, pero también poniendo en riesgo el autoabastecimiento del país en el mediano plazo, en virtud de la cantidad y envergadura de los proyectos que se pretenden implementar.

Por otra parte, la mayoría del territorio colombiano vive con agudeza los efectos del conflicto armado, que facilitan la construcción de estos y otros megaproyectos en tanto las comunidades no pueden organizarse para reclamar sus derechos, de igual manera los desplazamientos forzados han servido para desocupar estas zonas de interés.

Gobierno, empresas y represas

En nombre del desarrollo, la competitividad y la seguridad energética el gobierno nacional ha impulsado durante los últimos años la planificación y construcción de diversos proyectos de generación de energía eléctrica, principalmente grandes represas y pequeñas centrales hidroeléctricas –ahora dentro de la denominada locomotora minero-energética; sin embargo, en dicha planificación las comunidades afectadas directa e indirectamente no han tenido ni voz ni voto.

Las propuestas de desarrollo deben surgir desde los territorios, buscando atender necesidades locales para el buen vivir, y no desde el gobierno nacional hacia los territorios, lo contrario ha implicado que este discurso del desarrollo y competitividad se contraponga y vulnere los planes de vida y progreso de comunidades indígenas, pescadores, campesinos, y negros que, por lo general, habitan las áreas afectadas por estos proyectos.

Por esta razón, proponemos la creación de una mesa de alto nivel donde se dialogue la política minero energética con la participación de las y  los afectados directos y los ministros(as) de ambiente, minas y energía, agricultura,  representantes de los entes de control, y otras autoridades competentes. Las y los afectados no pueden seguir siendo tenidos en cuenta solamente para socializar los proyectos, en virtud de garantizar el Estado de Derecho del cual somos parte.

Complementariamente cuando la construcción de un proyecto comienza, sin importar  la naturaleza de la empresa constructora, se vulneran los derechos individuales y colectivos en los que, por lo general,  las instituciones del Estado se han mostrado negligentes en el cumplimiento de sus mandatos y en la protección de los derechos constitucionales de los y las ciudadanas que habitan los territorios. A continuación, resaltamos algunos de los procedimientos o irregularidades más recurrentes:

–       En cada proyecto existen una serie de externalidades no previstas que no son tenidas en cuenta en los EIA o los PMA. Las licencias ambientales, por lo general,  no citan nada al respecto. Un caso que destaca esta situación es el vertimiento de 500 m3 de lodo en la cuenca del bajo Anchicayá en el año 2001, por parte de la multinacional Unión Fenosa, mayor propietaria en ese entonces de la Empresa EPSA.

–       Los Estudios de Impacto Ambiental son realizados por los mismos interesados, sus metodologías ajustadas a resultados determinados y en el mejor de los casos cuando hay planteamientos serios en estos estudios, no son recogidos en las licencias ambientales, en el caso de la Hidroeléctrica Pescadero Ituango, elementos de trascendencia como los impactos a largo plazo y la agudeza del conflicto armado que vive la zona, no son tenidos en cuenta en la licencia ambiental.

–       Las represas se imponen sobre la visión de progreso de las comunidades locales. Comunidades campesinas y productoras de alimentos, que generan más empleos permanentes que la represas, y con propuestas alternativas a esta manera generar desarrollo están siendo arrasadas. En el caso El Quimbo,  las comunidades han demostrado que la creación de una Zona de Reserva Campesina puede traer mayores beneficios para la región y el  país.

–       La construcción de represas se imponen exclusivamente como negocio. Esto se constata en las regiones en que existen severos riesgos potenciales de que el muro de la represa colapse o el almacenamiento de grandes volúmenes de agua pueda causar una calamidad. Las represas El Quimbo e Hidrosogamoso actualmente se construyen en zonas de actividad sísmica sin que hasta el momento, se haya demostrado que no existen riesgos potenciales. Los negocios en este caso priman sobre la vida y el riesgo.

–       Las empresas constructoras presionan a los pobladores para que vendan sus tierras generando severos impactos psico sociales en las poblaciones. En el caso del Quimbo 10 personas han muerto por estas circunstancias, ante lo cual exigimos una investigación seria y responsable por parte del Estado que determine las causas, efectos y responsabilidades.

–       La construcción de represas ha implicado la agudización del conflicto armado en los territorios. Varios líderes han sido asesinados impunemente: los indígenas Kimy Pernía, Lucindo Domicó y el profesor Alberto Alzate, opositores a la represa Urrá I; los campesinos y pescadores Honorio Llorente, Marco Tulio Salamanca, Herbert Cárdenas, Luis Arango y Jairo Rodríguez Caro, opositores a la Represa Hidrosogamoso donde además se adelantado campaña de amenazas e intimidaciones mediante panfletos, carteles y rumores desde 2009; en el norte y occidente antioqueño, la agudización del conflicto armado se observa en el aumento de las zonas sembradas con minas antipersonales, las confrontaciones entre grupos armados, la quema de vehículos, las amenazas y la persecución y judicialización de la población civil. En Ituango, una lista de líderes y lideresas campesinas han sido estigmatizados y señalados por grupos de ultraderecha como auxiliares de la guerrilla.

–       Los censos son imprecisos. Evidenciamos irregularidades en la inclusión o exclusión del censo de la poblaciones afectadas, se evidencian claras intenciones de engaño hacia las comunidades donde se genera presión para que entre los pobladores señalen a quien tiene o no derecho a una indemnización, aumentando los riesgos para la vida que significan este tipo de confrontaciones.

–       Se subestiman o desconocen los impactos agua debajo de la represa, durante la construcción y operación de las represas.

 

El cambio climático y las represas

La mitigación del cambio climático es uno de los nuevos sofismas de distracción que arguyen los constructores de represas; sin embargo, existen evidencias científicas que demuestran que las represas generan cantidades considerables de gas metano, que es 25 veces más poderoso, en términos de calentamiento global, que el CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles. Al respecto, el Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales -INE- estima que las grandes represas están emitiendo a la atmósfera 104 millones de toneladas anuales de Metano (CH4), una razón suficiente para desestimar las represas como Mecanismos de Desarrollo Limpio.

Hemos observado que los documentos presentados por las empresas ante Naciones Unidas desestiman en sus cálculos de carbono, las emisiones que implica construir el muro de la represa y todas las demás actividades asociadas que implican la quema de gasolina, gas o carbón.

Por otra parte, el aporte de los grandes embalses a la emisión de Gases Efecto Invernadero también es reconocido por el Grupo Banco Mundial, quien en su documento de Estrategia del Sector de la Energía de abril de 2009 manifiesta esta situación.

Recomendamos al Ministerio de Minas y Energía, al MAVDT y a todas las empresas constructoras desestimar las grandes represas como Mecanismo de Mitigación del Calentamiento Global; es urgente agigantar los pasos en la búsqueda de una matriz energética sin represas ni trasvases en la que se priorice y se incentive la disminución del consumo de energía, en todos los sectores de consumo.

Frente a los recientes cambios en la legislación

Consideramos regresivos los dictámenes contenidos en la Resolución 2820 del 05 de agosto 2010. Estos ajustes van en contra de la ley 99 o ley ambiental.

Según lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 51 Régimen de transición “…las autoridades ambientales continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren necesarias y/o suprimir las innecesarias”.

No existe la figura de “ajustes periódicos” en la legislación colombiana. Una norma está sujeta a modificación o derogatoria según la naturaleza de la misma. El “ajuste periódico” busca adecuar las normas a las exigencias de las empresas de capital privado tanto nacionales como transnacionales.

Rechazamos los dictámenes del Decreto 1575 de 2011, mediante la cual Emgesa solicitó el amparo policivo -contemplado en el artículo 29 de la Ley 142 de 1994 y reglamentado por dicho decreto-, a nombre de la utilidad pública e interés social, por un predio cuyo derecho de dominio aún no posee y con el propósito de desalojar a los pescadores de un bien público, que es patrimonio nacional, con la intención perversa de impedir que estos pescadores continúen vigilando las actividades de Emgesa para obligarla a cumplir con las medidas sancionatorias impuestas por las Resoluciones 1096 y 1349.

Rechazamos la modificación al procedimiento de licenciamiento ambiental que propone el PND, en su artículo 224. Esto implica una vulneración de la autonomía de la autoridad ambiental, un proceso que va en contravía del principio de progresividad que sustenta la carta constitucional.

 

Solicitudes y exigencias del Movimiento Ríos Vivos:

–         Exigimos se prioricen las vocaciones tradicionales de los territorios, que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria, el agua y el sustento de la vida, antes que megaproyectos que atentan contra el bienestar de cientos de pobladores y pobladoras.

–         Exigimos presencia del Estado y sus instituciones en la labor de cumplimiento y veeduría de los procesos exigidos a las empresas constructoras de megaproyectos.

–         Proponemos la conformación de una Mesa Nacional integrada por representantes de los movimientos de afectados y afectadas por megaproyectos, el Gobierno con la presencia de los siguiente Ministros.

–         Solicitamos se suspendan los megaproyectos de cualquier tipo en las regiones con presencia de actores armados al margen de la ley. El conflicto armado limita la participación real de las comunidades en el proceso de planificación, consulta y construcción de los megaproyectos. De lo contrario la construcción de estas obras se adelantan sin ninguna garantía para los afectados, y sin ninguna posibilidad de participación y transparencia.

–         Ante el incumplimiento de las medidas impuestas en la expedición de las licencias ambientales, solicitamos al MAVDT adelante las gestiones para convocar nuevas Audiencias Públicas Ambientales en las represas El Quimbo, Hidrosogamoso e Ituango.

–         Es urgente reorientar las políticas que desde hace años se enfocan en agudizar las actividades extractivas en las regiones, en especial la política del actual gobierno de las locomotoras, dado que el impulso de grandes proyectos minero-energéticos no está teniendo en cuenta los ciclos del agua, y su desarrollo implica el desabastecimiento y contaminación de agua en diversas zonas del país.

–         Se nos dé una respuesta de por qué razón, a pesar de haber órdenes de suspensión de proyectos, las multinacionales siguen con sus obras sin atender a la autoridad ambiental. Caso El Quimbo.

–         Rechazamos el modelo corporación-nación que se viene impulsando en los últimos gobiernos, donde se relega el papel de las instituciones del Estado por garantizar los derechos de las poblaciones afectadas a la buena voluntad de las Empresas, proponemos que se recupere la soberanía y autonomía del Estado sobre los territorios, y se responda por los daños causados a todos los y las afectadas por los proyectos de desarrollo en Colombia.

Nuestra prioridad es la vida y el buen vivir, rechazamos la imposición de El Quimbo, Hidrosogamoso, Hidroituango, la Miel, Betania, La Salvajina, Urrá I, proyecto Río Sinú, Trasvase Río Guarinó y Manso, Los Besotes, Anchicayá y El Muña.

Huila, Reserva Natural El Viche, Julio 09 de 2011

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

Audiencia sobre Política Minero energética y su impacto en los territorios

In Uncategorized on agosto 2, 2011 at 6:45 pm

Siga en vivo la audiencia por internet en http://www.contagioradio.com/

 

Saludo especial

Nuestra cita es mañana 03 de agosto a las 8 a.m. en el Auditorio Luis Guillermo Velez del Senado de la República. Si no puedes ir, sigue la transmisión en vivo y en directo por el canal del congreso.

A partir de las 8 a.m. del 3 de agosto de 2011 iniciará la Audiencia Pública Nacional sobre la política del Sector Minero-energético y su impacto en los territorios.

Han confirmado la asistencia de  cerca de 320 delegados de todo el pais en representación de 20 organizaciones: del Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas, Rios Vivos que agrupa entre otros, a Asoquimbo, Asprocig, afectados de Pescadero Hidroituango, Hidrosogamoso; las organizaciones de la Pequeña Minería RECLAME y contra los proyectos de Minas de oro a cielo abierto como Santurban, Cajamarca; La Minga Social Indígena; Organización Nacional de Indigenas de Colombia, La Unión Sindical Obrera, Movimiento de los Trabajadores 14 de Junio -Corteros de Caña del Valle del Cauca-,Organizaciones Sociales del Centro Oriente Colombiano, Fedeagromisbol.

Se ha confirmado la asistencia de los Ministros de Ambiente, Minas, Agricultura, Protección Social, Directores del ICANH, representantes de las embajadas, Ingeominas, Senadores de la República.

La delegación más numerosa la encabeza Asoquimbo con cerca de 100 afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. En su intervención se tiene previsto la exigencia al  MAVDT para que expida un Acto Administrativo de suspención inmediata de todas las obras y la Licencia Ambiental a Emgesa como condición necesaria para garantizar la Protección de los Derechos de  todos los afectados y el cumplimiento de las Resoluciones 1096 del MAVDT 1349 de la CAM y los Oficios del ICANH y se abran investigaciones contra Emgesa por los graves daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por la obras del proyecto.  De igual manera se informará que a partir del 3 de agosto se incorporarán más afectados al proceso de movilización y resistencia que desde hace dos meses mantienen los pescadores en la zona contigua a la Vereda Domingo Arias.

Un acuerdo de todos los procesos de resistencia presentes en el Congreso es la Instalación de una Mesa Nacional, con la presencia de los Ministros de Ambiente, Minas, Agricultura, Protección Social con el propósito de evaluar toda la política minero-energética-agroalimentaria del actual gobierno y proponer alternativas soberanas y autónomas con fundamento en el principio constitucional de la participación ciudadana. De igual manera exigencia al Estado para que de inmediato indemnice a todos los afectados y a las regiones por los daños económicos, sociales, ambientales y culturales causados por los megaproyectos minero energéticos y agronegocios y se garantice la restitución de toda la actividad productiva y la seguridad alimentaria afectadas por los mismos.

La Audiencia Pública se constituye en un espacio de representación  de los movimientos de resistencia de todas las regiones del pais, por la defensa de los territorios  y contra el control corporativo de los mismos  por las empresas de capital nacional y transnacional ecocidas que sólo buscan la rentabilidad económica para las mismas. La articulación de todos estos movimientos es una garantía para el fortalecimiento de todas las organizaciones por la defensa de nuestros territorios, la biodiversidad natural y genética, nuestros ríos  y por el buen vivir de nuestras comunidades.

Desde el Congreso estaremos informando: Llamar a Miller Dussán C  3167555427

A %d blogueros les gusta esto: