Movimiento Social

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Urrá I: ¡Las locomotoras: que le espera al departamento de Córdoba?

In Uncategorized on octubre 29, 2011 at 7:19 pm

Víctor Negrete de la Universidad del Sinú hace un excelente análisis sobre lo que le espera a Córdoba con el impulso de las Locomotoras de Satos ene l artículo titulado Agua, conflicto y desarrollo en Córdoba y “las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo”. Allí mismo da cuenta de lo que ha logrado la región –once años después- de la construcción de Urrá I.

Leer articulo completo: https://defensaterritorios.files.wordpress.com/2011/10/art_2011_victor-negrete_las-locomotras-y-cordoba.pdf

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VÍDEO DEL QUIMBO QUE EL GOBIERNO Y EMGESA NO QUIEREN QUE VEAMOS!!!

In Uncategorized on octubre 8, 2011 at 4:42 pm

Este video muestra con claridad como se encarna la “confianza inversionista” en los territorios, en la piel de los afectados por los megaproyectos en Colombia.

Y a propósito del testimonio del Alcalde de Gigante, lea usted mismo el Acuerdo que Expidió para obedecer a la empresa y menospreciar la defensa del territorio y los derechos de los y las afectadas.

Decreto 092  de 2011, Despacho Municipal de Gigante, página 1, página 2

Declaración del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías

In Uncategorized on octubre 5, 2011 at 5:03 pm
La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular
Cali, octubre de 2011
15.000 delegadas y delegados de las organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista,  nos hemos reunido en Cali entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2011 en torno de la defensa de la vida y de la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio.

1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos comprobado que la  única opción de vida no es el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra. Los aquí presentes ya venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos,Lamentamos que el gobierno y algunos medios de comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. Como ha dicho el editorial de El Tiempo del 3 de octubre, hay un aumento sensible de la movilización popular; pero se equivoca al ver que tras estas acciones está la presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les impide ver que detrás de la movilización social en realidad está la respuesta indignada de la gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios por las industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la continuidad de una estructura agraria inicua –denunciada estos días en el Informe de PNUD.

2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí mismo. Por el contrario: el país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica, y las acciones que el gobierno nacional dice realizar para enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema –la persistencia del latifundio armado y la alianza de éste con la oligarquía industrial y financiera–, y por el contrario utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras, para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital.

Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo de tiempo atrás. Que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos ha tocado legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, solo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio.

3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretende llevar a cabo –la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas,– no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en lo que podemos llamar la “privatización de los territorios”, es decir, quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital privado.

Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando los últimos meses, son para enfrentar este despojo. En Santurbán (Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la elección entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales sea una decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio del subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con los Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para impedir que la Madre Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas populares son para impedir la desterritorialización y el despojo.

4. Aunque víctimas del desarrollo y del despojo, nuestras comunidades han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado -que debería ser su garante- ha abandonado en la feria de la “confianza inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y la soberanía nacional.

Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La captura de los Estados por los intereses privados ha despertado una ola de indignación en Europa, Suramérica y los Estados Unidos contra el despojo de la economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados y las indignadas del mundo.

5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes hemos adoptado 7 mandatos temáticos, 10 macroregionales y un Mandato de Mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos de vital importancia los siguientes:

ñ Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos.

ñ El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados.

ñ El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares– todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario –en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra–, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos.

ñ El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes– deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas.

ñ El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad.

ñ El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.

ñ El séptimo mandato es realizar una reforma de territorial del país que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia.

ñ El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.

ñ Los niños y niñas presentes en Congreso han aprobado un mandato adicional: debemos consolidar espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país de sus sueños.

Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los partidos políticos populares a acatarlos.

Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios!

La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular

  Propuesta de país para una vida digna

Nariño propone paro cívico nacional minero energético

In Uncategorized on octubre 3, 2011 at 9:06 pm

Publicado: 1 octubre, 2011 | Autor: notiagen | Archivado en: Ambiente y territorio, Movilización social, Noticias, Pasto/Nariño, Propuestas en positivo, Videos | Deja un comentario »

Nariñenses contra la minería grande y mediana proclaman «unidad, unidad, unidad» en el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías que sesiona en Cali.

Con una significativa participación de más de seiscientas personas del departamento de Nariño, situado al sur de Colombia, representantes de organizaciones sociales campesinas, estudiantiles, afrodescendientes, de mujeres e indígenas, el departamento de Nariño asiste al Primer Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, cuya sede es la ciudad de Cali y que culminará en el municipio de Cajamarca, Tolima, el 4 de octubre de 2011.

Su intervención en las mesas temáticas se centrara en los temas minero-energéticos y de aguas. Rita Escobar, campesina del sur del departamento de Nariño e integrante del Coordinador Nacional Agrario, explica que su organización social no permitirá que contaminen sus aguas con cianuro. Explica que esto es un gran riesgo proveniente de la extracción de oro por parte de las multinacionales de la minería: especialmente la AngloGold Asahanti y la Gran Colombia Gold.

En Nariño, indica Rita Escobar, el Estado colombiano ha adjudicado en concesión más de 928 títulos mineros para la extracción de minerales a cielo abierto y propone al Congreso convocar a un gran paro cívico nacional minero energético que desemboque en la expulsión de las grandes multinacionales que explotan minerales a gran y mediana escala, expulsarlas de los territorios. «Tenemos la gran responsabilidad de conservar el agua de nuestras hijas e hijos, nietos y nietas y de las generaciones futuras, como mis antepasados me la dejaron a mí, pero para lograr este objetivo debemos buscar la unidad del pueblo colombiano, que ojalá se integren el campo y la ciudad, que los jóvenes, campesinos, las mujeres busquen lazos de afecto y confianza para construir propuestas de protección y defensa del territorio».

En sintonía

El preámbulo del Congreso fue una marcha de miles de personas de distintas zonas del país el viernes 30 de septiembre. Fue una expresión de lo que harán más de 12.000 colombianos y colombianas que cumplen la cita para deliberar sobre el despojo de la tierra, la privatización del agua, el uso del subsuelo por parte de las grandes transnacionales para la extracción de minerales a cielo abierto, la amenaza de la pérdida de la identidad y de la soberanía alimentaria, sobre todas políticas gubernamentales que pauperizan la vida de la clase trabajadora de Colombia.

Marilén Serna, vocera nacional de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dice «este Congreso nos permitirá mandatar, legislar acerca de cómo queremos que sea nuestro territorio y cómo vamos actuar para lograrlo; pero también concretar las acciones articuladas del movimiento social en Colombia para confrontar al régimen que nos está sumiendo en la pobreza».

Hoy sábado 1º de octubre el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y soberanías empezó a sesionar con el firme propósito de ser espacio de articulación del pueblo colombiano, de defender sus intereses y de reivindicar lo que siempre .se le ha despojado o negado.

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El QUIMBO ante el Consejo de Estado

In Uncategorized on octubre 1, 2011 at 7:14 pm

Ayer viernes 30 de septiembre tuvo lugar un hecho contundente en la historia de resistencia de El Quimbo: será el Consejo de Estado quien determine la nulidad del proyecto Hidroeléctrico El Quimbo ante una demanda interpuesta por las comunidades afectadas asociadas en ASOQUIMBO. Este hito histórico de la resistencia estuvo acompañado de una masiva movilización departamental y nacional que fue convocada para hacer presencia en la zona de obras del proyecto bajo la consigna de “Todos los caminos del Huila conducen al túnel”

El inicio de la jornada estuvo marcada por el hecho desconcertante de que el Alcalde del Municipio del de Gigante Fenivar Salazar, el día anterior, había expedido el decreto 092 de 2011 mediante el cual paralizó el tránsito de vehículos automotores entre las 6 am y 12 de la noche en la zona contigua al puente del Colegio sobre el río Magdalena.

Dicho decreto se expidió bajo dos considerandos principales: UNO, la radicación de una carta de ASOQUIMBO expresándoles al alcalde que se haría una concentración pacífica en el puente del Colegio y donde a la vez se instalaría una mesa de protección a los derechos de los afectados y, DOS, una carta de la Empresa EMGESA, constructora del proyecto, donde se le comunica al alcalde que es una actividad para tomarse el túnel y por lo cual, solicitan protección de las instalaciones y del personal de la empresa.

Conocidos estos hechos, se observa con claridad que la acción tomada por la alcaldía da prioridad a los intereses de EMGESA (Filial de ENDESA-ENEL) antes que atender las demandas de los ciudadanos afectados por las acciones de esta empresa. El gobierno municipal actuó sin tener en cuenta la comunicación de la comunidad, quienes no fueron debidamente informadas de la expedición del Decreto.

Cerca de 500 afectados y afectas provenientes de diversos lugares del departamento y el país hicieron presencia en el lugar. Quienes arribaron más temprano fueron testigos oculares de que los carros de la empresa se encontraban transitando sin ningún problema con la venía de los militares y policías que encontraban en el retén apostado sobre el kilómetro 68 de la vía que conduce a la Plata, a pesar de las restricciones de movilidad que demandaba el decreto; sin embargo, estos mismos agentes, en cumplimento de dicho decreto, impidieron a los afectados continuar hacia el puente del Colegio.

Durante el día transeúntes, trabajadores de la empresa y demás personas se movilizaron a pie por el lugar en acatamiento de la orden de la Alcaldía Municipal

Lo curioso es que cuando se presentó el Coronel de la Policía de Gigante -quien sostuvo diversos diálogos con la comunidad-, manifestó públicamente (existe registro fílmico y audio) no conocer el Decreto de la Alcaldía; es decir, para él la comunidad estaba aposentada en el lugar de manera ilegal “taponando la vía”. De igual manera, en el lugar se presentó el personero de Gigante, quien intentando mediar en la situación, tampoco conocía el decreto municipal.

Al final de la tarde, el Coronel de la Polcía manifestó que no tendría otra opción más que dar vía con el uso del ESMAD, -pues reiteraba que desconocía el decreto-; la comunidad le aclaró que quienes habían detenido el tráfico en la vía habían sido integrantes de la policía y el ejército.

Entrada la noche, según información del Coronel de la Policía, se reunió el Gobernador del Huila, el Alcalde de Gigante y cuerpos de seguridad en consejo de seguridad extraordinario, quienes determinaron que el decreto de restricción de la movilidad emitido por la Alcaldía Municipal no tenía sustento legal debido a que no cuenta con facultades para tomar ese tipo de restricciones en una vía nacional. Con esa disposición arbitraria no sólo se violó el legítimo derecho a la movilización social sino que se daba por hecho que quienes se encontraban en el lugar lo hacían de manera ilegal y, en consecuencia, se podría aplicar la Ley de “seguridad ciudadana”, recientemente aprobada por el Gobierno de Santos.

Dada esta serie de incongruencias e irregularidades, las comunidades accedieron al tránsito por el lugar de los vehículos automotores bajo el compromiso de obtener por escrito una nueva orden o comunicación que diera cuenta de la derogatoria de dicho decreto, debido a que quien congeló la movilidad automotora fue el Alcalde.

No obstante, es reprochable la irresponsabilidad de la Alcaldía Municipal al tomar una decisión fuera de su competencia la cual estuvo a punto de desencadenar la represión por parte del ESMAD sobre la comunidad presente en el lugar.

La resistencia continúa en el Quimbo, ahora con una demanda en el Alto Tribunal ante la negligencia de la autoridad ambiental y demás instituciones públicas, y seguirá extendiéndose a otros territorios que luchan contra la imposición de represas, puesto que éstas se promueven en el marco de una economía del crecimiento que no interesa a miles de comunidades rurales directamente afectadas por este tipo de proyectos.

Por tanto, ASOQUIMBO y el Movimiento Ríos Vivos en búsqueda de alternativas a estas problemáticas sigue demandando al gobierno nacional el establecimiento de una mesa de discusión sobre la política energética nacional, con la participación activa de los y las afectadas.

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL QUIMBO – ASOQUIMBO

MOVIMIENTO CLOMBIANO POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y AFECTADOS POR REPRESAS ¡RIOS VIVOS!

El Quimbo se moviliza

In Uncategorized on octubre 1, 2011 at 6:05 pm

NOTIAGEN siguió el desarrollo de la movilización por la denfensa de los territorios en El Quimbo

Primero de octubre, 9 de la mañana. Levantada marcha hacia El Quimbo, Reunión deAsoquimbo y alcalde de Gigante a las 10 de la mañana.

by notiagen

La marcha de la población afectada por el Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo, en el departamento de Huila, tuvo que levantarse bien entrada la noche del 30 de septiembre luego de varias situaciones que pusieron en riesgo la integridad y la situación jurídica de la gente movilizada. Juan Pablo Soler, integrante de la organización Ríos […]

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2 de la tarde. Hacia El Quimbo. Sigue detenida la marcha pacífica de la población afectada por el proyecto hidroeléctrico.

by notiagen

Miller Dussán, investigador de la Universidad Surcolombiana y miembro de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico de El Quimbo —Asoquimbo—, indicó hace pocos minutos en un pronunciamiento público durante la movilización que ahora se encuentra detenida y que se propone llegar a El Quimbo,  que el Consejo de Estado ya recibió de parte […]

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Viernes 30 de septiembre de 2011, 11 de la mañana. Primeras horas de la movilización hacia El Quimbo.

by notiagen

Detenida movilización hacia la represa de El Quimbo, en el departamento del Huila, por orden del alcalde encargado del municipio de Gigante. La movilización hacia la hidroeléctrica El Quimbo, organizada para hoy por parte de las poblaciones y comunidades afectadas por las obras de este proyecto se encuentra detenida en estos momentos, según información de […]

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