¿Cómo ejercer el derecho a la participación ciudadana en medio de la agudización del conflicto armado, sin arriesgar la vida?

DSC01212 Boletín de prensa

17 de enero de 2013

Esta es la pregunta que se siguen haciendo miles de campesinos afectados por el proyecto Hidroituango, del norte y occidente antioqueño, después de levantada la movilización social en rechazo a este megaproyecto que acampó por 13 días en el valle de Toledo entre agosto y septiembre de 2012.

Hasta el momento el gobierno nacional y departamental no se han pronunciado al respecto pese a los evidentes hechos que han ocurrido sobre todo en el norte, una de las zonas más conflictivas del departamento, donde a la vez se adelantan las principales obras del megaproyecto.

Durante diciembre de 2012 y lo que va corrido del año 2013, han tenido lugar enfrentamientos entre actores armados legales e ilegales, incluso con ráfagas desde helicópteros, que han puesto en peligro la vida de los pobladores del Corregimiento de Pueblo Nuevo Briceño y zonas aledañas; además, en este mismo corregimiento, las áreas sembradas por minas antipersonales han aumentado, se escuchan entre tres a cuatro explosiones por semana lo que incrementa el temor de la población civil, sobre todo después de la muerte de Diomedes Díaz, de resultar herido Jeison García y de perder la visión el joven Arley Vera; la familia de Arley hace parte del Movimiento Ríos Vivos y ya había sufrido hace menos de un mes, el asesinato de uno de sus hijos.

Esta situación ha provocado que dos familias de las veredas directamente afectadas por Hidroituango ya se hayan desplazado de manera forzada e involuntaria hacia la ciudad de Medellín y muchas más se preparan pues la situación se torna inaguantable.

Pese a lo anterior, los afectados y afectadas por Hidroituango de Toledo, San Andrés de Cuerquia, Ituango, Sabanalarga, Liborina y Briceño agrupados en Ríos Vivos exigen respeto y garantías para ejercer sus derechos de asociación, reunión, libre expresión y a que se les garantice la vida en el ejercicio de los anteriores.

Nos han dicho que conflicto armado es una cosa y que represa es otra cosa. Nosotros decimos que la agudización del conflicto es fruto de los avances de la represa en esta zona del departamento, y con la existencia del conflicto armado no hay garantías para ejercer una participación real de la ciudadanía, de tal modo que los derechos de las poblaciones terminan siendo pisoteados bajo la pantalla de obras y programas con los que las comunidades no están de acuerdo o ni siquiera están debidamente informadas.

Señores del gobierno nacional y departamental, empresarios de EPM, solicitamos a ustedes se detengan las obras de la represa Hidroituango hasta tanto cese el conflicto armado en la zona. Colombia es un Estado Social de Derecho, por eso exigimos la detención para que se nos respete nuestro derecho a la participación, al trabajo, al ambiente sano, a la salud, a la tranquilidad, a la no discriminación, a seguir siendo campesinos y barequeros.

¡Arriba lo mío, queremos el río!

www.defensaterritorios.wordpress.com http://debatehidroituango.blogspot.com/

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