“Que la naturaleza sea vista como otra víctima”

Por Camila Tovar

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Tomado de: http://pacifista.co/que-la-naturaleza-sea-vista-como-otra-victima-de-la-guerra/

“El desplazamiento forzado de 100 mil personas, el asesinato de cinco activistas ambientales en Santander y de 51 en todo Colombia, las amenazas contra 31 líderes de la organización Ríos Vivos, la judicialización contra 25, la tortura de dos y el secuestro de dos más, es el resultado de la lucha y la resistencia de varias comunidades por mantener vivo su ecosistema”.

Así comenzó el discurso de siete organizaciones sociales que llegaron el pasado miércoles al Congreso de la República. Allí se llevó a cabo el foro ‘Extractivismo y experiencias de resistencia desde los territorios’, un espacio donde las comunidades denunciaron lo que para ellos son los impactos negativos que ha ocasionado la construcción de megaproyectos en sus territorios.

Este foro es el inicio de una gira que Ríos Vivos emprendió por Bogotá. Los líderes de las comunidades llegaron a los ministerios del Interior y Minas y Energía, las unidades de Víctimas y Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones estatales, para buscar soluciones frente al desarrollo de proyectos que, según sostienen, los han victimizado.

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“Queremos que los ríos fluyan y que la naturaleza sea vista como otra víctima de la guerra”, sostiene Isabel Cristina Zuleta, líder de Ríos Vivos, hablando sobre el motivo que los mueve a visitar la capital buscando una respuesta del Estado.

Según Yucet Polanía, la represa de la Salvajina, construida desde los años ochenta, desplazó a diez mil afrocolombianos de Suárez, Cauca. “Para nosotros Salvajina ha sido oro y pobreza. Nosotros asociamos los megaproyectos con la guerra”, dijo la líder  en su discurso sobre las secuelas de la industria sobre las aguas al norte de su departamento.

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Hoy en día los encargados del embalse, Colener S.A.S e inversiones Argos, trabajan en proyectos de repotenciación de este cause, lo que beneficiaría a las comunidades, según dicen las autoridades. Pero Polanía insiste en que “las incursiones de estas empresas solo causan desastres. El río Ovejas corre peligro de ser desviado, nos amenaza la sedimentación y la inundación de sitios sagrados como los cementerios”.

“Llevamos más de treinta años en esta lucha contra los abusos de las multinacionales. Solo vemos más desplazados y más poblaciones indígenas afectadas”, cuenta el líder Naudel González hablando sobre los daños causados por la represa de Urrá en el departamento de Córdoba.

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Según dice, la central hidroeléctrica Urrá I ha secado los manglares de la parte baja del río Sinú, extinguiendo el pez bocachico, fundamento de la dieta de las comunidades. Cuenta que cerca de 25 mil personas han sido desplazadas por el agotamiento de la pesca en la zona, afectando de manera crítica a los pueblos Embera Katío y Zenú.

Por su parte, Blanca Nubia Anaya, del Movimiento social en defensa del Sogamoso, hace énfasis en la violencia de género y explica que el proyecto Hidrosogamoso, en el departamento de Santander, ha afectado en mayor parte a la población femenina.

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Hace más de cinco meses las mujeres afectadas por este proyecto hidroeléctrico lideran una protesta frente a la Gobernación de Santander. Según Blanca Nubia, durante la protesta han sido violentadas por la Fuerza Pública: “Fuimos insultadas y agravadas por el ESMAD”. Sin embargo, la Policía ha dicho que respeta su derecho a la protesta.

De acuerdo con Ríos Vivos, el departamento de Antioquia también ha sido vulnerado en materia ambiental y social. Más de quinientas familias han sido desalojadas a causa del proyecto de Hidroituango, dice Isabel Zuleta: “ La construcción de bases militares y de megaproyectos en este lugar va acompañada del incremento de violaciones a los derechos humanos”.

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Según Ríos Vivos, tanto los actores del conflicto armado como las empresas de vigilancia y los funcionarios de Empresas Públicas de Medellín han sido los culpables de estos abusos en esa zona.

Dicen las denuncias que el proyecto hidroeléctrico el Quimbo, en el Huila, ha ocasionado múltiples desalojos forzosos a las comunidades de pesqueros y barequeros del río. “El Quimbo ha desalojado a más de 350 familias y no ha habido ningún pronunciamiento de parte de la Unidad de Víctimas”, señala Miller Dussan Calderón, profesor de la Universidad Surcolombiana del Huila. Sin embargo, el Estado ha dicho que los desalojos no están relacionados con el conflicto armado y que, por lo tanto, no es posible registrar a los pobladores como víctimas.

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Francisco Cabrera del movimiento social ASOQUIMBO ha sido una de las pocas personas que no ha desfallecido frente al proyecto hidroeléctrico. Desde hace más de cinco años, se ha convertido en símbolo de resistencia por negarse a abandonar su casa en la vereda de Veracruz, contigua a la represa.

“Junto a mi familia, rechacé el despojo y el ecocidio. Mantuvimos resistencia por la defensa de nuestro territorio y nuestras vidas”, cuenta con orgullo Cabrera que, con su barba blanca y sandalias de cuero, es un emblema de la lucha pacifista de estas comunidades.

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El panorama está lleno de incertidumbre para los activistas de estas regiones. Su compromiso con la causa ha hecho que estén presentes en los diálogos de paz en La Habana. El mes pasado enviaron dos documentos a Cuba con el apoyo de la Embajada de Noruega, exigiendo que la naturaleza también fuera vista como otra víctima del conflicto armado en Colombia.

“En el último censo que hizo la Corte Constitucional, el número de afectados por la destrucción de la cadena ecológica pasó de 1.537 a 33 mil afectados, solo en el Huila. No llegaremos a la paz si siguen cometiendo crímenes contra el patrimonio de la humanidad”, comentó Miller Dussan en uno de los discursos de cierre del foro.

El viernes 31 de julio terminará la gira del movimiento ‘Ríos Vivos’. De regreso a casa, estos activistas esperan volver con avances reales sobre a la protección de sus derecho y los de sus tierras y aguas.

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