Crisis energética en Colombia corresponde a la insustentabilidad del modelo energético

Noviembre 29 de 2015

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Secado

Mientras se intenta argumentar una grave crisis energética – la cual se ha propuesto enfrentar por la vía de aumentar tarifas y reducir el consumo- queda en evidencia la necesidad de transformar el modelo energético colombiano y el de la región.

Es probable que las reformas propuestas por el gobierno central obedezcan más a cumplir con las promesas realizadas a empresas trasnacionales que a atender las necesidades reales del pueblo colombiano; además, la misma crisis pone en evidencia que el represamiento de ríos no es la solución a largo plazo para satisfacer la demanda de energía eléctrica en el país, pues además de los costos sociales y ambientales que generan las represas, estas contribuyen significativamente al cambio climático global y local.

En este mismo sentido, se pronunció en 2013 la Corte Constitucional al resaltar en la sentencia T-135 que es necesario buscar alternativas a las represas, dado que los costos sociales y ambientales superan los beneficios. Es por esto que el Movimiento Ríos Vivos ha venido proponiendo y construyendo los principios que debe contemplar un nuevo modelo, que en el corto y mediano plazo, resulta menos lesivo para la naturaleza y comunidades, y con mayor rentabilidad para el Estado colombiano. Una rentabilidad distinta a la que reclaman quienes hoy se lucran privadamente del negocio de generar energía y que a su vez son los principales responsables de la mencionada crisis.

Para avanzar en nuevas propuestas se hace entonces necesario recordar los sucesos de la década de los noventa cuando se tuvo “el apagón”. Para llegar a determinar responsabilidades y saber que lo había causado se tuvo que constituir la Comisión Evaluadora de la Crisis, al mismo tiempo la Procuraduría General de la Nación pedía acciones disciplinarias en contra de 78 funcionarios de ISA, Corelca, Icel y Empresa de Energía de Bogotá. Al final, dicha comisión llegó a la conclusión que la crisis no obedecía solamente a un tema técnico sino también administrativo y que decisiones erradas habían conducido a generar más energía con base en hidroelectricidad que con termoeléctricas y que en la época del apagón el 40% las térmicas se encontraban fuera de posibilidad de operar por falta de mantenimiento; a renglón seguido se manifestaba la Academia de Ciencias Naturales y Exactas, diciendo que el fenómeno del niño, contrario a lo que el gobierno decía, solo se le podía atribuir hasta un 20% de la crisis, pues el problema tenía que ver con el modelo bajo el que operaba el sistema eléctrico.

Las decisiones inmediatas de la década fueron establecer políticas dirigidas a aumentar la capacidad instalada de generación, tanto térmica como hidroeléctrica, y se dio lugar al desvertebramiento de la cadena de generación de energía a partir de la ley 142 y 143 de 1994, pues se puso en práctica un modelo de mercados en competencia para la prestación de los servicios públicos, es decir, los usuarios se convirtieron en clientes y el deber del Estado de garantizar el suministro de los servicios públicos básicos se traspasó a terceros, los cuales se han lucrado desde entonces con la creación de este nuevo negocio, -situación que se comparte en la mayor parte de los países de la región dada la imposición del modelo neoliberal en la gestión del Estado-.

La ley 143 estableció que era necesario implementar un esquema de remuneración para los generadores que les permitiera hacer viable la inversión en los recursos necesarios para atender la demanda de manera eficiente en condiciones críticas de abastecimiento hídrico (sin embargo el problema no era solo climático o técnico, dijo la comisión evaluadora), fue así entonces como surgió la creación del cargo por capacidad en el que los usuarios por medio de la tarifa eléctrica estabilizaban los ingresos de los generadores.

Sin embargo esta herramienta se transformó en 2006 y surgió el Cargo por Confiabilidad, bajo la misma forma de recaudo. Esta medida buscaba además de garantizar abastecimiento de energía en momentos de escasez, hacerlo a precios eficientes, por medio de la introducción de un esquema conocido como Obligaciones de Energía Firme – OEF, en el que los generadores se comprometen a generar un mínimo de energía al país para mantenerlo fuera de la escasez, al tiempo que reciben remuneraciones económicas directamente de los usuarios del sistema por este compromiso.

Con esta historia del sector eléctrico en Colombia de las últimas décadas y las medidas puestas en práctica con recursos de todos los colombianos, llama entonces la atención, que, como en otrora, el gobierno nacional, insista en hablar de una crisis energética culpando al clima, cuando queda en evidencia que la principal razón del posible desabastecimiento se deba nuevamente a la toma de decisiones administrativas erróneas, a la corrupción por el uso indebido de los recursos girados, durante casi dos décadas,por los colombianos mediante el cargo por capacidad cobrado por 10 años, y el cargo por confiabilidad cobrado desde el año 2006 hasta la actualidad..

También vale entonces la pena preguntarse ¿Qué reforma estructural pretende adelantarse bajo el argumento de la crisis? Y, ¿A quién o quiénes beneficiará?. O será que la crisis energética es una cortina de humo que permite al presidente Santos pasar por encima de la justicia departamental del Huila quien había ordenado detener la puesta en marcha del el Quimbo, que permitió que pasarán desapercibidas las demandas de los pobladores locales frente a las denuncias de filtrados en la obra, o que permite invisibilizar las demandas de las comunidades afectadas por Hidrosogamoso por tema de olores y nuevos impactos, o los miles de casos de revictimización de las comunidades desplazadas por Hidroituango, Porvenir II y Porce III en Antioquia entre otros?.

Además, si la razón de la crisis es un factor económico, según lo manifestaron Termocandelandria y Termovalle al declararse en inviabilidad financiera, y como lo manifestó el gobierno al anunciar un aumento de la tarifa del servicio de energía, vale la pena resaltar que no todos los costos que se generan con la construcción de represas y termoeléctricas se tienen en cuenta en el precio final del kilovatio hora, muchos de los impactos no se mitigan y son asumidos directamente por las comunidades como pasivos sociales y ambientales, por eso se insiste en la necesidad de transformar con un urgencia el modelo energético prevalente.

Por otra parte, frente a la crisis, es necesario y urgente que la Superintendencia de Servicios Públicos de cuenta al pueblo colombiano de los usos que se le han dado a los recursos del cargo por confiabilidad y capacidad, es necesario que se re-planteen las otras aristas del modelo energético colombiano, que dan cuenta de la incoherencia e insustentabilidad, como es el lujo de exportar más de 80 millones de toneladas de carbón a cuenta de estragos sociales y ambientales y que su quema aumenta las emisiones de gases efecto invernadero –potenciando el cambio climático, así como la exportación de cerca del 50% del petróleo que se extrae en el país a pesar de la escasez que continuamente anuncia el Ministerio de Minas y Energía y los esfuerzos por dar vía libre al fracking que afectaría todo el sistema hídrico del país.

Para enfrentar esta situación, el Movimiento Ríos Vivos insiste en la necesidad de establecer una mesa de alto nivel para analizar y hallar alternativas a la política minero energética con la participación de los afectados por los proyectos energéticos, la academia, los legisladores y los ministerios respectivos. Es incoherente que se insista por parte del gobierno en la tesis del fenómeno del niño como mayor responsable de la crisis frente al desabastecimiento de agua cuando es el mismo ente quien impulsa la minería a gran escala la cual amenaza el ciclo del agua, hace uso intensivo y contamina las aguas; por otra parte, no es posible ni viable que se sigan generando desplazamiento en Colombia dejando sin tierras a los afectados e inundando grandes extensiones de territorios baldíos que debieran tener prioridad de uso para la producción de alimentos.

Es por esto que se hace necesario trabajar en la perspectiva de la soberanía energética, en la que prime el bienestar general sobre el lucro individual, en el que se recupere la generación de energía como bien social y general no como un negocio particular, en el que se otorgue prioridad al desarrollo de fuentes de energía bajo gestión comunitaria que otorguen independencia y eficiencia, en el que se priorice la reducción del consumo en lugar del despilfarro, en el que no se inunden espacios de producción de vida, de agua y de comida, en el que no se deforeste y no se revictimice a una población históricamente agobiada por el conflicto armado colombiano.

 Ríos libres, pueblos vivos

www.defensaterritorios.wordpress.com

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