Justicia y responsabilidad asesinato de Berta Cáceres, Ananías Rojas y Nilce de Souza y seguridad y protección para Gustavo Castro.

 

Colombia, 4 de marzo de 2016

Señor

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

PRESIDENTE DE HONDURAS

Casa Presidencial, Bulevar Juan Pablo II Teléfono: 504+ 2290-5000 – 504 + 22321546

 

Señora

DILMA ROUSSEFF

Presidenta de Brasil

 

Señor

OLLANTA HUMALA

Presidente de Perú

 

Señores

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS     

 

Señores

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS – NACIONES UNIDAS

 

C.c Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras; Procuraduría General de la República de Honduras, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Oficina Departamental de Intibucá,

ASUNTO: Justicia y responsabilidad asesinato de Berta Cáceres, Ananías Rojas y Nilce de Souza y seguridad y protección para Gustavo Castro.

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente manifestamos nuestra preocupación e indignación por el asesinato de Berta Cáceres parte del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras – COPINH, ganadora del premio Goldman para defensores de la naturaleza; por la desaparición forzada de Nilce de Souza Magalhães integrante del Movimiento de Afectados por Represas de Brasil, el asesinato de Hitler Ananías Rojas Gonzales opositor a las represas en el río Marañón y presidente de las Rondas Campesinas y Alcalde de Yagen en Perú y el atentado hacia el mexicano Gustavo Castro, defensor de derechos humanos y ambientales que se encontraba en el lugar de residencia de Berta Cáceres.

Estos asesinatos consumados en los últimos 65 días se suman a la lista de líderes y lideresas asesinados en los últimos años en América Latina los cuales tienen un elemento común: son voceros comunitarios de procesos sociales que defienden los derechos humanos y ambientales en lugares donde se imponen la construcción de represas y de proyectos mineros asociados.

En todos estos casos, los voceros han sido asesinados tras sostener diferencias en la gestión de bienes comunes como el agua y el territorio, y por defender sus derechos a la identidad como pueblos indígenas y campesinos contra empresas que agencian intereses privados en la construcción de proyectos de infraestructura, energía y minería.

Por ende vemos con preocupación que las cifras de violación de derechos humanos contra defensores de la naturaleza siguen en aumento en la región, y este asesinato deja en evidencia que las medidas de protección implementadas por los gobiernos son insuficientes al tiempo que los proyectos que afectan el ambiente y por los cuáles actúan los defensores: se construyen sin dar atención a las causas estructurales generadoras de los conflictos socioambientales

En ese sentido, cabe recordar que durante el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- se llevó a cabo la audiencia de las Américas sobre Defensores del Ambiente e Industrias Extractivas, donde la CIDH manifestó que es claro que en las Américas existe un patrón de riesgo para los defensor@s del ambiente que denuncian violaciones en el contexto de proyectos extractivos e Hidroeléctricos.

Allí la sociedad civil por su parte presentó casos graves y reiterativos por todo el continente y en el informe escrito señaló el caso de Berta Cáceres en Honduras como evidencia de la “complicidad del Estado en violaciones contra personas defensoras y el cierre de espacios para que puedan realizar su legítima labor”. En el mismo documento se señala como los principales perpetradores de violencia contra defensores y defensoras del ambiente son: Seguridad Privada, crimen organizado, funcionarios de las empresas y fuerza pública.  Por su parte Honduras, Brasil, Colombia, Perú y México fueron destacados por Global Witness y presentados ante la CIDH como los países en los que se han presentado el mayor número de asesinatos de defensores y defensoras del ambiente, sumando más de 760 casos en américa latina desde el año 2002.

Frente a este escenario y últimos acontecimientos solicitamos que

Los gobiernos nacionales e instituciones de control respectivas inicien y concluyan con celeridad las investigaciones que den con los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos de Berta Cáceres en Honduras, de Nilce de Souza Magalhães en Brasil y de Ananías Rojas Gonzalez en Perú.

  • La CIDH investigue estos asesinatos y esclarezca la responsabilidad de los gobiernos por acción o por omisión, en especial frente al caso de Berta Cáceres quien era beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH.
  • Instamos a la CIDH y a la ONU a pronunciarse frente a esta ola de asesinatos que sucumben la región y a buscar medidas más efectivas, enfocándose inicialmente en los países con mayores defensores del medio ambiente amenazados y asesinados para proteger su vida e integridad física.
  • Al gobierno de Honduras y Embajada de México en ese país acelerar el proceso de repatriación de Gustavo Castro quien es víctima del atentado y no debe seguir allí por cuestiones de riesgo, presiones psicológicas y estado de salud.

 

Atentamente,

 

Movimiento Colombiano en Defensa de Los territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos

 

Para enviar la carta usted puede dirigirse a:

info@presidencia.gob.hn, pgrdespacho@pgrhonduras.gob.hn, central@conadeh.hn, karlacueva144@gmail.com, intibuca@conadeh.hn, wg-business@ohchr.org, cidhoea@oas.org, cidh-prensa@oas.org, mjuscamaita@presidencia.gob.pe, jmontalva@presidencia.gob.pe, tramite@presidencia.gob.pe, pr@planalto.gov.br, redlar.org@gmail.com, mrivero@oas.org, contactenos@congresonacional.hn, comunicaciones@poderjudicial.gob.hn, portalwebpj@poderjudicial.gob.hn, cancilleria.honduras@gmail.com, sicplanalto@presidencia.gv.br

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