EPSA incurre en racismo ambiental al levantarse de la mesa y no llegar a acuerdos con las comunidades negras afectadas del norte del cauca

LA EMPRESA EPSA E.S.P. VIOLA LOS DERECHOS DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE SUÁREZ, EN EL NORTE DEL CAUCA
Suárez, Abril de 2017

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foto agenda cauca
En el marco de la aplicación del derecho fundamental a la Consulta y Consentimiento previo, libre e informado (CCPLI), para el Plan de Manejo (PMA) de la Operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de la Salvajina (CHS), entre los consejos comunitarios de Suárez y EPSA-CELSIA1, la empresa se levanta de la mesa, violando el derecho a la CCPLI.

A pesar de contar con más de 30 años de operación la CHS no tiene un plan de manejo ambiental (PMA) aprobado y por tanto tampoco cuenta con plan de contingencia con todos los riesgos que esto trae, siendo éstos requisitos de ley para su operación, por lo que se encuentran en una clara violación del marco jurídico para su operación, poniendo en riesgo la vida de millones de personas en la región.

Por encontrarse ubicada en territorio ancestral de comunidades negras, el PMA de la Central Hidroeléctrica de Salvajina requiere que se adelante la consulta previa con dichas comunidades. Este proceso de consulta previa empezó en agosto del año 2014 después que los consejos comunitarios y el PCN exigieran este derecho ante el estado. Desde entonces la consulta ha avanzado con dificultades, entre ellas la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de EPSA, quienes siempre se escudan en suuestas diferencias de interpretación de los mismos por las diferentes partes.

El pasado 21 de abril de 2017, durante la Tercera reunión que se realiza con la presencia de las instituciones nacionales como la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales), Defensoría del Pueblo y la delegada de etnias de la gobernación del Cauca; la empresa EPSA-CELSIA se levantó de la mesa de diálogo donde se estaban compartiendo los impactos y enunciados de medidas hasta ese momento acordados entre las partes.

Desde el inicio del primer día (20 de abril) los delegados de la EPSA estuvieron complicando los debates y provocándonos, exigiendo igualdad de derechos en un proceso que busca reconocer y reparar la violación sistemática de derechos a las comunidades desde la década de los 80 que empieza a operar la Central Hidroeléctrica. Y por supuesto desde la construcción de la represa, o incluso antes, cuando se planea este megaproyecto extractivo sin tenernos en cuenta a los pueblos étnicos que habitamos este territorio ancestral.

En el final del primer día y en el comienzo del segundo día de reunión, la empresa se retractó en medidas acordadas, por ejemplo en la pavimentación de vías, siendo que es en la movilidad donde la empresa ha reconocido más impactos que limitan significativamente la autonomía de la comunidad. Debido a las argumentaciones y las evidencias presentadas por los Consejos Comunitarios, la empresa, en voz de su abogado, reconoció que efectivamente la pavimentación de vías era un acuerdo realizado entre las partes.

Antes del almuerzo se llegó al acuerdo entre las partes que el funcionario de la Dirección de asuntos de consulta realizaría una redacción del enunciado de la medida bajo los dos acuerdos ya establecidos: 1) pavimentación de vías, y 2) que dicha pavimentación se realizaría de acuerdo a los resultados del diagnóstico vial. Al regreso del almuerzo y siguiéndole el juego a la empresa el funcionario no hace la lectura de la redacción, sino que pregunta sobre un tema metodológico que se había explicado varias veces en la mañana y en lo que coincidían las partes. En este punto la empresa informó que se retiraba del escenario. Como consejos comunitarios entendemos estas actuaciones, tanto de la empresa como de la direccion de consulta, como acciones para enredar y dilatar el proceso.

Nosotros como comunidad expresamos que nos sentíamos irrespetados y violentados, que la empresa no daba muestras de voluntad política para avanzar, pues quiso desconocer lo ya acordado en las reuniones previas. También dijimos claramente que estábamos en la mejor disposición y disponibilidad de seguir en la concertación hasta la hora que fuera necesaria para allanar los temas que hicieran falta. Luego la empresa expresó que se les habían amenazado, argumento que fue desmentido por el Funcionario del Ministerio del Interior y el delegado del Defensor del Pueblo, lo cual quedó consignado en el acta de la reunión. Al salir del espacio intempestivamente la empresa no solo irrespetó a las comunidades afectadas sino y violó los principios del derecho fundamental a la consulta previa.

Esta actitud de la empresa es un claro ejemplo de racismo ambiental como lo establece la Corte Constitucional en la sentencia T969 de 2014.2 En donde la empresa EPSA sigue recibiendo, mientras nosotros como pueblo étnico hace mas de 30 años hemos venido y seguimos sufriendo los impactos de la operación y mantenimiento de esta central.
Esa actitud sin duda es violatoria de los derechos de las comunidades y da cuenta de la ausencia de buena fe en lo que se viene acordando con la empresa y un menosprecio de la empresa hacia las comunidades. Además dilata el proceso, y pone en riesgo las posibilidades de reparar la deuda histórica con las comunidades que han sido violentadas por la operación del embalse en su territorio ancestral.

Frente a lo acontecido, los consejos comunitarios rechazamos esta actitud de la EPSA, que agudiza la desconfianza hacia la empresa, pues en el marco del derecho a la CCPLI termina por atropellarnos. En un marco de construcción de paz esta acción es regresiva y debe ser sancionada por las instituciones garantes de los derechos de pueblos étnicos y por los escenarios internacionales en los que EPSA-CELSIA se ha comprometido al respeto de los derechos humanos.

Por tanto exigimos:

  •  Pronunciamiento del Defensor Nacional del Pueblo frente a la vulneración del derecho a la consulta y el consentimiento previo libre e informado de los consejos comunitarios de Suárez por parte de la EPSA-CELSIA.
  • Sanción de la ANLA a la empresa EPSA por dilatar el proceso de CCPLI, y no cumplir con los requisitos legales del PMA para la realización de su actividad de generación de energía.
  • Al Ministerio del Interior pronunciarse frente al desarrollo del proceso, en especial a que la empresa haya abandonado el espacio de concertación.
  • Al Ministerio del Interior exigirle a EPSA que garantice las condiciones necesarias para el desarrollo del proceso de CCPLI.
  • Al gobierno exigimos su acción directa como interlocutor válido para la exigencia del cumplimiento de los acuerdos e imponga a la EPSA las sanciones directas frente a derechos violados.

Saludamos la solidaridad de organizaciones sociales y de derechos humanos y rogamos difusión y denuncia de esta situación.

¡Luchando, creando conciencia de Pueblo Negro!
¡Aguas para la vida, no para la muerte!

Asociación de Consejos Comunitarios de Suárez
Palenque Alto Cauca del Proceso de Comunidades Negras-PCN
asocomsuarez@gmail.com coriocauca@yahoo.com.co

Acompañan el proceso y respaldan este comunicado:
Movimiento Ríos Vivos
GAIDEPAC (Grupo de Académicos e Intelectuales en defensa del Pacifico Colombiano)
Movilización de mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y de los territorios ancestrales.
ACONC: Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca.Observatorio de Expansión Minero-Energética y Re-existencias!
OCA: Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
CENSAT-Agua Viva
Tejido de Colectivos-UNITIERRA, Manizales y Sur occidente colombiano
Colectivo Sentipensar Afrodiaspórico-Cali

 

1 Información básica de la empresa EPSA E.S.P. ¿Quiénes somos? Somos una empresa de servicios públicos del sector eléctrico, privada y con presencia en los negocios de generación, transmisión, distribución y comercialización. En el negocio de comercialización atendemos a 553.671 clientes en 39 municipios del Valle del Cauca y uno del Chocó (San José del Palmar). Contamos con una red de 28 oficinas comercia- les, 1.434 puntos de pago y 49 puntos de atención telefónica. Disponible en: http://portal.epsa.com.co/sobre-epsa

2 De acuerdo a ésta sentencia (T969 de 2014) es necesario que se presenten las siguientes condiciones para que configure racismo ambiental: 1) Una comunidad claramente identificable que comparta una identidad étnica o racial minoritaria que haya sido oprimida o marginada del proceso de toma de decisiones, 2) Que dicha comunidad deba soportar una serie de cargas y/o riesgos en materia ambiental que signifiquen un detrimento para sus derechos, bienes, valores, o intereses de relevancia constitucional, 3) Que tales cargas y/o riesgos ambientales resulten desproporcionados en relación con aquellos que deben soportar otros grupos étnicos a los que pertenecen las personas que adoptan las decisiones con respecto de la distribución de tales cargas…

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