Declaración de Yuma

II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorio y contra represas – Movimiento Ríos Vivos

 

En Barrancabermeja, Santander, frente a nuestro gran río Magdalena, nuestro Yuma, arribamos desde nuestra regiones cargados de alegría, cantos, consignas, alimentos locales y banderas, comunidades indígenas, campesinas, pescadoras, afrocolombianas, barequeras, paleras, artesanas, para la realización del II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos. Durante los días 8 al 12 de octubre de 2018, sesionamos más de 400 personas entre niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres delegados de los procesos regionales del Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Santander, Bajo Sinú, Chocó y Sur de Bolívar y el acompañamiento de delegados nacionales de otros procesos sociales y ambientales. E xaltamos la presencia y acompañamiento de 30 delegados internacionales de 14 países latinoamericanos que hacen parte del Movimiento de afectados por represas de Latinoamérica – MAR. Saludamos el acompañamiento permanente de Swefor y PAS/PWS y la hospitalidad de la Unión Sindical Obrera a quien agradecemos su incondicional apoyo para la buena realización de nuestro Encuentro.

Con espíritu fraterno y unitario debatimos junto a organizaciones aliadas nuestra propuesta de transición energética, que busca enfrentar la crisis ambiental y social nacional y planetaria, así como nuestros ejercicios de memoria histórica ambiental, lo cuales nos permitieron recordar el dolor profundo que han sufrido las comunidades por los proyectos hidroeléctricos, pero también la riqueza de sus luchas y de su fuerza para mantenerse en el territorio.

A través de debates, ferias, talleres, intercambios, música, cantos y arte pudimos avanzar en nuestras reflexiones y llegar a las siguientes conclusiones:

  • La profundización del modelo extractivista, concebido como reprimarización de la economía basada en la extracción intensiva de los bienes comunes y ligado a la especulación financiera transnacional está conllevando a la mercantilización y privatización de dichos bienes, al control político y social por parte de empresas transnacionales, la criminalización de nuestros lideres y liderezas sociales y, la militarización de la vida comunitaria.
  • Reafirmamos y decimos con contundencia que las represas y los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas – PCH en cascada no generan energía limpia, por el contrario son causantes de irreparables daños ambientales y territoriales. Durante las últimas cinco décadas, las represas han causado el despojo y el desplazamiento a miles de personas, que siguen sin ser compensadas y reparadas. El desvío y embalsamiento de aguas para la generación de energía impone cambios en el uso del suelo y en las vocaciones productivas, pérdida de autonomía y soberanía alimentaria y viola los derechos humanos. En la mayoría de los casos, se realizan sin diagnósticos ambientales de alternativas y sin apropiados diagnósticos sociales, no garantiza una participación pública real, provoca impactos ambientales irreversibles, revictimiza a la población víctima del conflicto armado y viola sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades afectadas. Los proyectos de PCHs en Caldas, Quindio y Chocó, se imponen de forma irregular, sin participación ciudadana y sin considerar los impactos que provoca.
  • Rechazamos el reconocimiento de las represas como Mecanismos de Desarrollo Limpio-MDL, estas no sólo producen los daños ya mencionados, sino que también emiten gases de efecto invernadero y destruyen ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida.
  • Afirmamos que el sistema energético es centralizado, despilfarrador, injusto e ineficiente, incentiva el consumo sobre el ahorro y prioriza los nuevos megaproyectos, trasvases y pequeñas centrales hidroeléctrica en cascada, mercantilizando las aguas y privatizando los territorios.
  • Denunciamos que la expansión energética colombiana, que se proyecta generar más de 74.000 MW a costa de sacrificar nuestros ríos y quebradas, y que incluye proyectos termoeléctricos y grandes proyecto de renovables, no está destinada para resolver las necesidades de la gente sino las demandas del modelo minero – energético mientras gran parte de la población sigue sin acceso por las altas tarifas del servicio energético.
  • Condenamos y rechazamos la sentencia de la Corte Constitucional que desconoce el proceso democrático y legitimo de los pobladores de Cumaral que rechazó los proyectos petroleros en su territorio y, pone en jaque las demás consultas populares. Esta sentencia significa un retroceso y contraviene la Sentencia T-445/16 de la misma Corte y el reciente fallo del Consejo de Estado que determinó que los municipios no sólo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares. El Consejo de Estado reconoce que las consultas “son viables porque son una expresión de la democracia participativa”.
  • Exigimos reparación y verdad para todas las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. Ocultar la verdad por parte de sus promotores y consultores ha conllevado a la agudización de la crisis social, económica y ambiental en el norte, occidente y bajo antioqueño. Nos comprometemos a seguir trabajando para que Hidroituango sea desmantelado y sus comunidades reparadas.

Comprometidos con la vida y en contravía de la imposición de lo que algunos sectores denominan, la dictadura minero energética, la captura corporativa de la Corte Constitucional y teniendo en cuenta las advertencias de la Comisión Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la proximidad de una catástrofe que extinguiría la vida en el planeta, nos comprometemos a continuar las luchas de resistencia contra el modelo extractivista y proponemos al país, una transición energética que promueva y garantice:

  • Transformaciones en el sistema energético centralizado sustentado en proyectos de energía fósil y megahidroenergía por otro que impulse energías descentralizadas, renovables, autónomas y controladas por los pueblos que desafíe las actuales relaciones de poder y garantice relaciones más armónicas con la naturaleza.
  • Transformaciones culturales de una sociedad energívora sustentada en un modo de producción- distribución y consumo que esta destruyendo la vida del planeta.
  • Un sistema socialmente justo, democrático, descentralizado y bajo el control de las comunidades o mediante cooperativas y empresas sociales sin ánimo de lucro, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos territoriales, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza.
  • El reconocimiento de la energía como un bien común y no como mercancía.
  • Garantías laborales para los trabajadores del sector energético.
  • La democracia y la participación de las comunidades para decir para qué, cómo y para quién la energía.
  • La articulación de la soberanía y autonomía energética a la soberanía alimentaria y justicia hídrica.

Y que tiene como propuestas principales:

  • La creación de un fondo energético especial por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica.
  • La recuperación de la totalidad de la propiedad de ECOPETROL por parte del Estado, la descentralización y transformación de la misma como empresa energética y del Instituto Colombiano del Petróleo, como Instituto Colombiano de la Energía.
  • La recuperación de las empresas eléctricas y la remunicipalización de la energía
  • La transformación del sistema agroalimentario dependiente de energías fósiles y alcanzar la soberanía alimentaria.
  • Una política pública minero energética supeditada a que “Primero están las aguas y los alimentos” por tanto, deberá reconocer que la base de ordenamiento del territorio son las aguas y la producción alimentaria.
  • Las energías renovables deben estar en cabeza de las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales o comunitarias y los municipios.
  • La transición en las ciudades con procesos de reordenamiento territorial de las mismas que reduzca las necesidades de transporte motorizado, promover los desplazamiento a pie o en bicicleta y proveer de un acceso fácil  a los servicios y los modos de transporte colectivo.
  • La moratoria minero – energética y prohibición el uso de técnicas agresivas como el fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking), la combustión in situ, la extracción de gas metano asociado al carbón, la explotación de arenas bituminosas, entre otras.
  • El impulso de una Comisión Nacional de Represas para evaluar el desarrollo de las viejas y nuevas represas, así como atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” y a adoptar soluciones efectivas al problema como la restitución y distribución de tierras.

Llamamos a las organizaciones sociales, ambientales y populares para que nos unamos y trabajemos en:

  • Fortalecer la movilización social para defender los mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares y los acuerdos municipales que deciden territorialmente sobre el uso del suelo pero a su vez, promover consultas populares autónomas como un ejercicio de democracia directa
  • Fomentar una gran coalición para desafiar el modelo minero-energético y promover una transición energética justa y digna para los pueblos.
  • Preparar el paro cívico-popular nacional contra la política del despojo y la dictadura minero-energético que amenaza los territorios y la propia humanidad.

Saludamos a nuestras organizaciones hermanas Cumbre Agraria, Etnica y Popular – Cacep, Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz – MSMEA, MAR y Cloc – Vía Campesina, les reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de otro mundo posible, donde la solidaridad, la fraternidad y la unidad nos hagan fuertes. Saludamos al Grupo de Trabajo del Tratado Vinculante quese encuentra esta semana sesionando en Ginebra, continuaremos participando en la Campaña para exigir que no haya más impunidad de las empresas transnacionales.

En Barrancabermeja, la ciudad rebelde de Colombia, inspirados en sus históricas luchas obreras y populares, terminamos nuestro II Encuentro fortalecidos y unidos, satisfechos por los aprendizajes y avances, animados por la esperanza que se teje con la solidaridad recibida expresada presencialmente y la de organizaciones sociales, comunidades, invitados, financiadores de la comunidad nacional e internacional que nos enviaron sus mensajes. Todo ello nos dice que no podrán deslegitimar nuestras justas luchas ni el importante trabajo de nuestras regiones y vocerías.

Al ritmo del tambor y con danzas populares cerramos nuestros encuentro con una movilización que se sumó a las movilizaciones de la jornada continentales de la indignación que nos recuerdan que en un día como hoy no “hay nada que celebrar”, por el contrario, denunciamos que luego de 526 años continúa el despojo y el genocidio en nuestra Abya Yala.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

¡Que se alce el puño, que se alce la mano. Que se levante el pueblo, Latinoamericano!

 

Barrancabermeja, 12 de octubre de 2018

Versión en Ingles

 

 

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DECLARACION POLITICA De Las Organizaciones Asistentes Al Diálogo Regional Por La Defensa Y Cuidado De La Vida Y Territorio.

 

Barrancabermeja 2 de junio de 2018.

El Magdalena Medio es una región en la que se expresan profundas contradicciones, puesto que la abundancia de sus bienes comunes no se corresponde con el empobrecimiento al que están sometidos sus pobladores; esta contradicción ha nutrido históricamente el conflicto social, político y armado en el que se disputa el control del territorio y sus pobladores.

Esta región es víctima de un modelo económico despojador y depredador, que en su pretensión de apropiarse del petróleo, el carbón, el agua, minerales preciosos, las tierras, ha dejado destrucción de los bosques, la contaminación de las aguas y el desarraigo de las comunidades con impactos irreversibles a nuestras culturas, nuestra economía.

Pese a estas condiciones, nos hemos organizado a lo largo y ancho de la región del Magdalena Medio, no solo para oponernos a estos proyectos de despojo y destrucción, sino además y fundamentalmente, para construir proyectos comunes para la vida digna en armonía con la naturaleza.

En consecuencia, nos hemos dispuesto a entablar un diálogo entre comunidades y sus organizaciones, con otros actores sociales y políticos, tales como empresas del sector minero energético, las instituciones del Estado, a fin de poner en discusión la actual política minero energética y ambiental.

Entendemos y aspiramos a construir un Gran Diálogo Nacional Minero energético y Ambiental, con garantías de las partes, que supere las condiciones de desconfianza que ha generado el Estado tras los recurrentes incumplimientos a los acuerdos con el movimiento social y con la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz con las FARC.

Las más de 200 líderes y lideresas del país, entre campesinos, indígenas, negros, trabajadores sindicalizados, asistentes a este diálogo regional provenientes de diferentes regiones del país manifestamos:

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EL RÍO SOGAMOSO VÍCTIMA DEL DESARROLLO ENERGÉTICO

Abril 2 de 2018

El Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri, Ríos Vivos Colombia expresa su dolor por el desgarrador estado de varias de nuestras más importante fuentes hídricas y económicas en el departamento de Santander: la quebrada Lizama, el Río Sogamoso y el caño Muerto, todo ello  en nombre del progreso y desarrollo.

Históricamente, el Río Sogamoso y su cuenca, han sido rutas para los procesos de colonización, durante el conflicto armado fueron utilizados como fosas y en el año 2000, el río y sus principales afluentes fueron concesionados a ISAGEN para la construcción y puesta en marcha de una hidroeléctrica, sin que las comunidades que habitamos la cuenca, pudiéramos participar en esta decisión.

Desde el año 2009 denunciamos los impactos y daños que esta represa provocó al río Sogamoso y las dinámicas socioculturales de la región, sin que aún se tenga claridad de los daños causados y sus efectos en el territorio. Hidrosogamoso transformó las formas de vida de las comunidades y sus economías tradicionales de subsistencia junto con su cultura, agravando la situación con la venta de la empresa quien inició por desconocer los pasivos sociales y ambientales de la obra. Seguimos sin ser reconocidos como afectados por el proyecto y por tanto, sin ser reparados.

Desde el desvío del río en el 2011 y el ecocidio del 8 de junio de 2014, no estaba generando ingresos por la pesca como en anteriores épocas. Sin embargo, la generosidad de la naturaleza, había hecho que ésta, se estuviera recuperando poco a poco. Este año había vuelto el bocachico, la subienda estaba generando un alivio a la economía que genera la cadena productiva del pescado: pesca, mercadeo, procesamiento, turismo.

Aunque hemos sido bastante afectadas, las comunidades que estamos aguas abajo de la presa, seguimos sin que seamos reconocidas por las afectaciones ya explicadas, pero esto no impide que la empresa ISAGEN- BROOKFLIELD  siga generando conflictos en las comunidades con sus proyectos selectivos, los cuales no causan ningún impacto positivo en la comunidad ni soluciona a mediano o largo plazo los daños causados con la pérdida de sus actividades económicas de subsistencia, y si propicia conflictos entre las comunidades.

La alegría del Bocachicho duró poco, por más de 25 días han aflorado miles de barriles de una mezcla de crudo, agua y lodos contaminados provenientes de una falla en el pozo Lizama 158p, en la jurisdicción entre los municipios de San Vicente de Chucurí  y Barrancabermeja, que en su fluir llegaron a nuestro río Sogamoso. Un manto negro cubre nuestros río, y con él llegaron la la devastación y la muerte. Hemos visto morir peces, aves, mamíferos plantas. El llamado oro negro, como lo denominan los empresarios y gobernantes de turno, no sólo contamina nuestras aguas, sino también nuestros suelos y el aire. Los niños, las niñas, los ancianos y las mujeres embarazadas enferman. El llamado desarrollo solo nos ha traído empobrecimiento a las comunidades y a la región, la riqueza que se extrae se va lejos.

¿Como cuantificar el daño ecológico, y su recuperación?, ¿quién responde por los daños causados a la naturaleza? acaso el río, nuestros ríos no tienen derechos, acaso no son ellos los que nos garantizan nuestra vida? En la zona hay temor, desesperanza y desconfianza pues la empresa Ecopetrol arribó tarde y usando las mismas tácticas y estrategias que ha usado la empresa Isagen. Para desviar el centro de la problemática, ofrecen limosnas y empleos temporales en la remediación del impacto. Las supuestas soluciones solo nos dividen y fracturan más y más.

Nos dicen que aún no se puede cuantificar el daño y que primero hay que superar la emergencia pero, nuestros proyectos de vida, recurrentemente afectados por los proyectos de desarrollo minero energético cuando se atenderán? En esta ocasión, expertos y medios informativos se atreven a asegurar que para recuperar nuestro patrimonio natural afectado por este derrame se tomarán varias décadas. Ecopetrol cínicamente dice que son sólo 500 barriles los derramados.

Frente a esta calamidad pública y el estado de emergencia social y ambiental, exigimos:

  1. La realización de un censo socioeconómico y ambiental con la participación y validación de la comunidad.
  2. Convocamos a las alcaldías de San Vicente de Chucurí, Betulia, Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches a realizar acciones urgentes en pro de las comunidades afectadas
  3. La reparación integral de los territorios impactados y afectados.
  4. Que se investigue y se castigue a los responsables institucionales e individuales de esta tragedia.
  5. Que se garantice el derecho a una vida digna con un mínimo vital  para   los afectados y afectadas.
  6. Que se suspendan definitivamente todos los proyectos de fracking en la región y en el país haciendo uso del principio de precaución.

Es tiempo de dejar el petróleo en el subsuelo, avancemos hacia la transición energética, en la que las comunidades tengamos oportunidad de definir qué energía queremos, cómo obtenerlas y para qué la queremos.

Transición energética ya!
Somos afectadas y afectados por Isagen y Ecopetrol, exigimos reparación
RIOS PARA LA VIDA NO PARA LA MUERTE
www.veredasogamoso.blogspot.com
FACEBOOK  Rios Vivos Santander
Correo:  riosvivossantander@gmail.com

 

Campesinos de Ríos Vivos son desalojados en municipio de Sabanalarga Antioquia

 

Sin reubicación, sin claridad en el plan de manejo ambiental y sin posibilidad de buscar a los desaparecidos que se encuentran en el sector de Portachuelo en el Cañón del Río Cauca en Antioquia, y en medio de un paro armado del ELN, el ESMAD, está desalojando de cerca de 400 familias para que avance la tala de bosque y puesta en marcha del proyecto hidroituango.

Han dicho las comunidades y el Movimiento Ríos Vivos que esto implica riesgos para su integridad física y para el territorio que se ha visto amenazado por la tala de árboles para la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

De acuerdo con Isabel Cristina Zuleta, integrante y vocera del Movimiento Ríos Vivos, “más de 40 hombres del ESMAD están desalojando a los campesinos en Sabanalarga”. Allí, la empresa EPM, encargada del desarrollo del proyecto hidroeléctrico, ha realizado la tala del bosque tropical desde hace dos semanas.

Zuleta enfatizó en que hubo una persona que resultó herida por el desprendimiento de unas rocas y “ha habido amenazas por parte de la empresa contratista Refocosta contra el líder Guillermo Wiles del Movimiento Ríos Vivos”. Para ese movimiento es grave que se realice la tala por encima de las casas de los campesinos y “el ESMAD está desalojando para que la empresa continúe talando el bosque”. (Le puede interesar: “Memoria y resistencia en el Cañón del Río Cauca”)

400 PERSONAS ESTÁN SIENDO DESALOJADAS DE SUS TERRITORIOS

La denuncia la realizaron diferentes comunidades quienes aseguran que son 400 personas las que han sido desalojadas de su vivienda y que se encuentran a lo largo del Cañón del Río Cauca, que será inundado en junio de 2018 como parte del proyecto Hidroituango. Zuleta manifestó que, “la zona donde se está realizando la tala está afectando a 13 familias, pero todos los cañoneros van a ser afectados por la tala que inició sin reubicación y con amenazas de los funcionarios”.

Si bien las Fuerza Pública había manifestado que el desalojo se realiza como medida de seguridad teniendo en cuenta el paro armado del ELN, Ríos Vivos indica que la única excusa “es que la empresa tiene que trabajar”. Han pedido que se deje de nombrar el tema del ELN “que no tiene ningún sentido, no hemos visto en la historia de este municipio presencia de ese grupo armado”.

Ante esto, le han pedido claridad a la empresa, puesto que el desalojo “es una orden de la Policía que llegó por una querella que interpuso EPM y la empresa Refocosta porque ellos necesitan seguir talando el bosque y necesitan sacar a la gente que les está estorbando”. (Le puede interesar: “En zona de Hidroituango habría más de 2 mil personas desaparecidas”)

TALA DEL BOSQUE AFECTA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

El Movimiento Ríos Vivos ha venido estableciendo diferentes alertas sobre la importancia que tiene el bosque tropical en esa zona, no solamente por la diversidad de la flora y fauna sino porque “hay personas que creen que sus familiares desaparecidos se encuentran allí y le han dicho a Refocosta que no tale los árboles porque ellos quieren buscarlos”.

Estas alertas fueron puestas ante la Fiscalía General de la Nación, pero “nadie los ha escuchado porque lo más importante para ellos es que avance la tala y avance la obra”. Zuleta manifestó que la empresa EPM “no entiende este tipo de razones y ha procedido con la tala del bosque con el que se pierden señales fundamentales para poder encontrar a estas personas”. (Le puede interesar:“62 masacres en los 12 municipios donde se desarrolla el proyecto Hidroituango”)

Finalmente, Zuleta manifestó que, según los permisos ambientales que tiene el proyecto, “se tendrían que talar 4.500 hectáreas que hacen parte de la inundación”. Ante esto y teniendo en cuenta la fase en la que se encuentra el proyecto, “hasta el momento han sido taladas 5% de esas hectáreas”.

 

 

Fuente: http://www.contagioradio.com/esmad-desaloja-a-campesinos-de-sabanalarga-en-antioquia-articulo-51420/

81 nuevas víctimas de desplazamiento por Hidroituango.

En el Puente Pescadero

El pasado viernes 27 de marzo de 2015 fueron desalojadas de manera forzosa, por solicitud del grupo EPM,  más de 81 habitantes de la playa La Arenera, que habían  habitado ancestralmente, las riberas del cañón del rio Cauca, donde encontraban su sustento a través del barequeo, la pesca y la agricultura tradicional. Estas comunidades han desarrollado su vida en el rio de manera trashumante en razón de las necesidades de subsistencia y el ciclo vital de río. Dentro del grupo de personas desalojadas se encontraban menores de edad, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.

Varias de estas familias son, a su vez,  víctimas de la violencia y de desplazamiento forzado, provocado en su mayoría por grupos paramilitares, fueron desalojadas en un operativo adelantado por la Inspección de Policía del Municipio de Toledo, en un proceso policivo promovido por Empresas Públicas de Medellín que, desde su inicio, ha vulnerado los derechos fundamentales de las familias, de las víctimas, la especial relación de comunidades barequeras con su territorio y  la normatividad internacional establecida para desalojos por proyectos de desarrollo. Estos hechos constituyen este desalojo en un desplazamiento por el desarrollo, además de una clara revictimización de la población

El proceso policivo que culminó con el desalojo no se adelantó con un censo real e imparcial que diera cuenta de la ocupación  de los poseedores ancestrales, su forma de habitación y su condición de víctimas de desplazamiento forzado y del  conflicto armado. No existió un proceso efectivo de censo de ocupadores y  tampoco planes preventivos para atender la situación de vulnerabilidad provocado por este procedimiento, no hubo alternativa alguna para las comunidades, no se garantizó la reubicación, medidas de compensación, reparación de daños y activación de nuevos proyectos de vida. No se informo la fecha y hora exactas lo que condujo a que la comunidad perdiera parte de sus enseres incluso oro producto de su trabajo artesanal.

En la diligencia del viernes, en la que no se hizo presencia la Procuraduría,  la Inspectora acompañada de un amplio número de miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD, que rodearon el lugar intimidando a los habitantes, ordenó a las familias desocupar en “tres horas” la playa. Sin responder con claridad a las preguntas y solicitudes de los habitantes tradicionales del río Cauca, ni de los defensores de Derechos Humanos que se encontraban en el lugar y pretendiendo que estos se dirigieran hasta las instalaciones de EPM para realizar el acta de la diligencia.

Posteriormente, la inspectora abandonó el lugar luego de que las familias se negaran a desplazarse  en grupos a diferentes municipios. Las familias y el Movimiento Rios Vivos han exigido la reubicación colectiva que tenga en cuenta la vida comunitaria desarrollada antes de este desalojo y la situación de riesgo y el contexto de la zona.

En consecuencia, las familias tuvieron que, como pudieron, sacar sus enceres a la carretera, en donde continuaron haciendo presencia efectivos del ESMAD, acompañados de hombres armados sin uniforme ni identificación, Policia Militar y hombres del Ejercito Nacional hasta avanzadas horas de la noche. En la madrugada de sábado llegaron al municipio de Ituango en donde se encuentran desde entonces sin ayuda humanitaria y sin alojamiento porque la Gobernación de Antioquia (Accionista mayoritaria de la obra) interpreta que esto no es un desplazamiento y por lo tanto no entrega las ayudas.

El Movimiento Ríos Vivos, las víctimas de desplazamiento por el desarrollo de Hidroituango y organizaciones acompañantes urgen a las autoridades nacionales a atender la situación humanitaria de las familias desplazadas y establecer, de manera urgente, un espacio de dialogo que reconozca y garantice los derechos de las victimas del desplazamiento por represas.

Es urgente resolver de fondo la grave situación de los medios de vida para cientos de familias que dependen del barequeo en el Cañón del Río Cauca y que con el desplazamiento se quedaron sin sustento.

 

12 dias de movilización en defensa de los territórios

Santander

 

En Montreal nos solidarizamos con las personas afectadas por el proyecto Hidrosogamoso

25 de marzo de 2015

Desde hace varios años, el Comité por los derechos humanos en América Latina -CDHAL-, se ha solidarizado con las comunidades en resistencia que luchan en contra de proyectos hidroeléctricos. En Colombia, hemos sido testigxs de lo que ha pasado con la imposición de diversos  proyectos hidroeléctricos y el camino de lucha en favor de la dignidad y en contra del desplazamiento forzado y el despojo que ha adelantado los movimientos sociales. Camino que no ha sido fácil ya que el Estado favorece constantemente los intereses de las empresas y no los de las comunidades.

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Abrazatón en defensa del río Sogamoso, un símbolo de resistencia social.

Con la participación de organizaciones sociales de las comunidades afectadas por el proyecto Hidrosogamoso se realizó este 25 de marzo el abrazatón programado. Esta acción de resistencia social y de carácter simbólico, tuvo como objetivo sensibilizar  a la sociedad en general sobre los impactos producidos por la construcción de esta hidroeléctrica.

Desde el pasado lunes 16 de marzo las comunidades de las  veredas de San Juan de Río Sucio del Municipio Sabana de Torres, Cascajera de Barrancabermeja, Casa de Barro, Tienda Nueva, El Peaje, La Playa y Peña Morada de Betulia y Marta de Girón. Desplazadas por la construcción del proyecto Hidrosogamoso de la empresa estatal ISAGEN. Se movilizaron llegando a Bucaramanga el pasado miércoles 18 de marzo. Desde esta fecha mantienen un plantón frente a la  gobernación de Santander.

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Antioquia

Plan Nacional de Desarrollo: Mercantilización de la naturaleza y desastre ambiental anunciado (1era parte)

Por Isabel Zuleta @ISAZULETA

El tema no es sencillo de abordar. La vida cotidiana se ve implicada por una suerte de ley que borra la precaria y confusa legislación ambiental y social existente en Colombia, hasta el derecho penal tan difuso en materia ambiental se ve implicado (no he podido entender cuales son los delitos ambientales pues según el caso se acomodan, como otros delitos, a la disputa de poder y son imputables o no según intereses generalmente económicos).

Los conflictos socio-ambientales emergen al ritmo de la destrucción, el destierro por diferentes vías, todas violentas, de las culturas que han conservado los ecosistemas más sensib

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Oposición a la energía del Plan de Desarrollo (2da parte)

¿Cuál es la importancia de la oposición a los mega proyectos minero energéticos? ¿Por qué el Plan de Desarrollo y la mercantilización de la naturaleza que impone no son una apuesta de paz?

Sin oposición no hay conflicto, sin denuncia no hay verdad, aunque la denuncia no asegure la verdad por lo menos nos acerca a ella. Sin conflicto una de las partes, la más poderosa, contará y escribirá su versión de la historia, de lo que allí había, de lo que quedo, de las “maravillas del desarrollo”.

En Colombia la oposición política ha sido imposible en la practica, los pocos arriesgados han tenido su escarmiento. La posibilidad de oponerse no esta en el imaginario colectivo, la asimetría de poder ha cimentado el miedo, pero el miedo se ha enfrentado a la muerte que representan las represas y la mega-minería. Hoy en Colombia hay conflictos socio-ambientales que buscan contar la otra versión de la historia, la del desastre ambiental, el despojo y las injusticias socio-ambientales generadas una visión del desarrollo.

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Huila

Campesinos desplazados por El Quimbo, defienden sus cultivos de la fuerza destructiva del Estado

24 de septiembre de 2013 a la(s) 13:09

COMUNICADO A LA COMUNIDAD COLOMBIANA

http://www.quimbo.com.co/2013/09/campesinos-de-la-jagua-afectados-por-el.html

Los Afectados y Afectadas por el proyecto Hidroeléctrico el Quimbo, ASOQUIMBO, comunicamos que en estos momentos, mañana del 24 de Septiembre, en el Municipio de Altamira, Huila, acogiendo el Amparo Policivo de Emgesa-Endesa-Enel, interpuesto ante su alcalde encargado, el ESMAD procede a un desalojo violento, donde pretende arrasar el trabajo de en la tierra recuperada por los campesinos desplazados por el Quimbo.

Hay campesinos heridos, esposaron a Alexander Naranjo, un campesino de la Jagua, para alejarlo y luego dejarlo en libertad. El uso desmedido de la Fuerza se evidencia con el maltrato a Don Luis, campesino y la evidente intención de usar maquinaria pesada para arrasar con los cultivos de los desplazados. En la zona hay más de 100 campesinos que han recuperado tierras que laboraban para la producción de alimentos, las cuales fueron compradas e inutilizadas por Emgesa.

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