Viva la Autonomía y Autodeterminación de los pueblos movilizados en Colombia

MANIFIESTO PUBLICO

Diciembre 4 de 2019

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La coordinación nacional del Movimiento colombiano Ríos Vivos, tras reunirse en la ciudad de Bogotá el 30 de noviembre de 2019, saluda al pueblo colombiano agobiado por las políticas gubernamentales y el maltrato policial, alerta sobre los derechos vulnerados de las comunidades y presenta próximos pasos del trabajo de articulación nacional

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La Coordinación Nacional del Movimiento Ríos Vivos reunida en la ciudad de Bogotá el día 30 de noviembre de 2019 MANIFIESTA a la comunidad nacional e internacional que:

  • Ratificamos las conclusiones del Seminario de Transición energética y la Conferencia Internacional de Justicia Climática que convocamos junto con CENSAT Agua Viva en el marco de la celebración de sus 30 años de vida organizativa, al que acudieron delegados de organizaciones de 14 países y diversas regiones de Colombia, especialmente que:

La transición energética justa la entendemos como una parte de la construcción de soberanía energética de los pueblos en la medida que respete todas las formas de vida, priorice el bienestar común sobre la mercantilización y responda a las necesidades reales de las sociedades.

La justicia climática representa la necesidad de transformar las formas de vida, exigiendo el reconocimiento y restablecimiento de los derechos violentados por el modelo económico extractivista, despojador y ecocida.

  • Están en riesgo los derechos de los pueblos negros e indígenas afectados por la Represa Salvajina, Departamento del Cauca. Denunciamos que se viene adelantando El proceso de consulta previa de manera irregular, la empresa EPSA desconoce el derechos de las comunidades, dilata las discusiones percibiéndose un silencio cómplice de las instituciones gubernamentales como el pasado 02 de diciembre que una vez más se canceló la reunión programada en el marco de la Consulta Previa. Exigimos la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio del Interior garanticen los derechos de las Comunidades negras e indígenas y definan la responsabilidad de la Empresa y la insten a cumplir con los derechos de las comunidades.  
  • Están en riesgo los derechos de las comunidades afrodescendientes afectadas por los vertimientos de la Represa del bajo Anchichayá, Departamento Valle del Cauca. Exigimos que la Defensoría Nacional del Pueblo, ANLA y MinAmbiente hagan seguimiento al cumplimiento de resoluciones y sentencias. A la fiscalía general y demás instituciones de la Nación le solicitamos defina responsabilidades por delitos ambientales e incumplimientos que comprometen la salud, escases de agua para el consumo humano y animal y condiciones de salubridad de las familias afectadas.
  • INVITAMOS a la comunidad en general a acompañarnos en la Audiencia Pública del Senado de la República para el próximo 11 de diciembre de 2019 en la ciudad de Bogotá sobre la situación de la represa de Anchicayá y en el Consejo de Estado a la Audiencia de Nulidad de la represa del Quimbo.
  • El próximo 6 de diciembre las comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Hidrosogamoso se harán presentes en la Audiencia Pública de la ANLA que se llevará a cabo en San Vicente de Chucurí, Departamento de Santander, para denunciar los efectos nocivos que la hidroeléctrica trajo para sus vidas y la privatización del Embalse que en algún momento les prometieron iba a ser de uso público.
  • El Movimiento Colombiano Ríos Vivos continuará exigiendo la creación de una Comisión Nacional de Represas en la ruta de crear una Política Nacional de los Afectados por represas y paraatender los desafíos futuros e históricos del sector de la energía eléctrica en Colombia. Al gobierno nacional le recordamos la propuesta de las organizaciones que somos parte de la CACEP de avanzar en un gran diálogo nacional sobre la política energética colombiana que se encuentra estancado sin ninguna razón.
  • Saludamos la legitima movilización del pueblo colombiano que ha sostenido durante 13 días las voces de indignación en las calles, las carreteras, en los barrios, lugares de vivienda y de trabajo. Esta movilización social es un rechazo profundo a las políticas corporativas del gobierno que han profundizado la desigualdad social y buscan cercenar las condiciones de vida digna de la población, pauperizar el servicio de salud y la educación, el despojo territorial y prohibir la participación efectiva de las comunidades, especialmente en las decisiones de sus territorios. Expresa además la esperanza en la construcción de un país más justo social y ambientalmente.
  •  Compartimos el dolor de todas las familias de los líderes y lideresas asesinadas y desplazados por defender sus territorios, derechos y formas de vida en Colombia. , Rechazamos la brutalidad policial contra el movimiento social y en particular con lo sucedido con Dilan Cruz y demás jóvenes estudiantes que exigen un país mejor. Son más de 600 asesinatos selectivos en los últimos dos años, la mayoría están en la impunidad.
  • El gobierno nacional tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho a la protesta social. Rechazamos el trato represivo de la fuerza pública a las manifestaciones que han generado muertes, cientos de heridos y escenas que reproducen el maltrato a las mujeres, siendo víctimas frontales de la agresión policial durante las protestas. Nos adherimos al llamado nacional e internacional por el desmonte del ESMAD, el cual ha arrebatado la vida de varias personas en el país.
  • El gobierno nacional, las organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas, CIDH y demás organismos competentes deben actuar con pertinencia para garantizar la protección de las liderezas y los líderes que defienden los territorios, las aguas y la vida.
  • Rechazamos el manejo sectorial que el gobierno de Iván Duque pretende dar a las exigencias de la población movilizada y las estrategias de división que está intentando llevar a cabo, al llamar y citar a dirigentes y organizaciones sociales en las regiones para generar diálogos paralelos, esta conducta implica la profundización de la crisis y crea condiciones para justificar la represión policial y militar para no dar soluciones estructurales.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

www.defensaterritorios.wordpress.com

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El etnocidio y genocidio de las comunidades indígenas, negras y campesinas en Colombia debe parar

#QuepareElGenocidioIndigena

Noviembre 6 de 2019

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El Movimiento Colombiano Ríos Vivos se solidariza con los procesos sociales y las familias de las personas que fueron asesinadas con sevicia en las Comunidades indígenas del norte del Cauca. Esta acción atenta contra la organización indígena pero a su vez contra el pueblo colombiano que defiende los territorios, la vida y los derechos.

Detrás de estos etnocidios y genocidios, detrás de sus perpetradores, queda en evidencia la negligencia del gobierno por atender las causas estructurales de la ola de masacres y homicidios sistemáticos a sabiendas de la vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades negras, indígenas, campesinas afectadas por intereses económicos en sus territorios derivados de la imposición de proyectos extractivos, proyectos energéticos y el narcotráfico.

Pese a los llamados de la Defensoría del Pueblo en el sistema de alertas tempranas no ha habido una reacción estatal efectiva. La Comisión de la Verdad resalta que en lo que va corrido del 2019 han tenido lugar 519 hechos victimizantes de líderes y lideresas sociales entre los que cuentan asesinatos, atentados y detenciones arbitrarias, INDEPAZ señala además que en los últimos tres años se ha reportado el asesinato de 170 indígenas.

Por tanto exigimos que las medidas de seguridad y cuidado de estas comunidades sean construidas de manera colectiva respetando a las autoridades del territorio como lo es la guardia indígena, la cimarrona y líderes y lideresas espirituales. A través de la historia ha sido evidente que una decisión unilateral del Gobierno sin tener en cuenta las dinámicas territoriales ha resultado con peores resultados a los que se espera en términos de proteger la vida. Por las propias experiencias que tenemos como país, sabemos que la violencia no se soluciona con violencia. Por el contrario ésta se vuelve una ola que arrasa con todas las formas de vida y de organización.

Exigimos al Gobierno colombiano actuar para materializar la paz con hechos y en el mismo sentido que cumpla con los acuerdos y las mesas establecidas con las organizaciones sociales así como con los acuerdos de terminación del Conflicto Armado con las FARC. Incumplir es sostener una guerra en la que las comunidades rurales son las que pagan el precio de la injusticia.

AGUAS Para la VIDA, no Para la muerte.

Ríos Libres, Para Cosechar la Paz