FORTALECER LA ARTICULACIÓN Y AUTONOMÍA TERRITORIAL

12 de agosto de 2019

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La coordinación nacional del Movimiento colombiano Ríos Vivos, tras reunirse en la ciudad de Bogotá durante los días 10 y 11 de agosto de 2019, hace un llamado de unidad a las luchas regionales y nacionales defensoras de los territorios y la vida para avanzar en la transformación de las causas estructurales que han dado origen a la injusticia social y ambiental.

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El actual escenario legislativo planteado por jurisprudencia de la Corte Constitucional como las sentencias SU 095/18 y 342/19 cierran las puertas a la participación ciudadana desconociendo la esencia del Estado Social de Derecho para dar curso a la imposición de proyectos extractivos y energéticos  incorporados en el Plan de Desarrollo 2018-2022 como de Interés Nacional y Estratégicos que serán amparados con la “militarización de la gestión ambiental y territorial”. El conjunto de normas e irregularidades en los procedimientos han creado un cerco constitucional que desconocen e irrespetan la multiculturalidad y el carácter pluriétnico del Estado Colombiano. 

A este escenario se suma la sistematicidad de las amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales de las organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales. Nos sumamos al rechazo nacional e internacional del GENOCIDIO ETNICO al que están siendo sometidas las comunidades indígenas y afrodecendientes del norte del Cauca que se asemeja al etnocidio de la comunidad Nutabe ocurrido en el área de influencia de Hidroituango.

Frente a estos desafíos el Movimiento Ríos vivos DECLARA que:

  1. El actual modelo energético genera riesgos, impactos irreversibles y violación de derechos por lo que es necesaria una transición energética desde la gestión pública y comunitaria conducente a garantizar el abastecimiento energético sustituyendo la explotación fósil (petróleo, gas, carbón) y de represas por energías renovables (solar, eólica, entre otras), para atender las necesidades reales del pueblo colombiano.
  2. La vida y bienestar de las comunidades afectadas debe primar sobre la producción de energía. El desmantelamiento de represas debe contemplarse como primera opción para minimizar el riesgo. Lo anterior se basa en testimonios de comunidades afectadas, indagaciones técnicas y los hallazgos de instituciones de control en proyectos como El Quimbo, Hidrosogamoso, bajo Anchicayá, Hidroituango y Urrá I.
  3. La Soberanía y Seguridad Alimentaria debe ser garantizada con proyectos agroecológicos que den viabilidad a la producción cafetera, arrocera, panelera, entre otras, lo cual implica la derogatoria o renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
  4.  El actual gobierno y congreso de la república debe declarar a los campesinos como sujetos de derechos en cumplimiento de convenios internacionales y como un gesto de construcción de paz.
  5. Es indispensable avanzar en la Comisión Nacional de Represas para atender con urgencia la deuda histórica con las comunidades afectadas por represas. El gobierno e instituciones de control deben atender con urgencia la construcción del plan de contingencia de las comunidades afectadas por la Salvajina dada la dilatación del proceso por parte de la empresa EPSA y actuar frente a los incumplimientos de las medidas de mitigación para atender la crisis humanitaria de las comunidades afectadas por la represa del bajo Anchicayá.

Celebramos el reconocimiento del litigio interpuesto por Tierra Digna y Asoquimbo para que se declare la nulidad de la licencia Ambiental del Proyecto El Quimbo y de los procesos adelantados por la fiscalía general de la nación para imputar cargos por delitos ambientales asociados a represas en Colombia.

Celebramos el éxito de la iniciativa de la comunidad de Mercaderes en el Cauca para decidir sobre su futuro y territorio. Es necesario seguir multiplicando las consultas populares autónomas y legítimas.

Conforme a lo decidido en el Segundo Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos, llevado a cabo en Barrancabermeja en octubre de 2018, refirmamos nuestro compromiso de transformación y lucha frente al desplazamiento, el despojo y ecocidio generado por la política minero energética. También reafirmamos nuestro compromiso por la construcción de un modelo energético soberano, autónomo, público y comunitario de la mano con el Movimiento de Afectados por Represas de América latina – MAR. 

El Movimiento Nacional Ríos Vivos es la expresión nacional de articulación de comunidades afectadas por represas conformada por Asoquimbo en el Huila, Asprocig en el bajo Sinú, el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí en Santander, las Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías – Comunidades SETAA en Antioquia, la Organización  Negros Unidos por la defensa del Río Anchicayá, el consejo comunitario Mayor del Río Anchicayá en el Valle del Cauca, la asociación de Consejos Comunitarios de Suárez – ASOCOMS- en el Departamento del Cauca y CENSAT Agua viva que acompaña diversas luchas ambientales en Colombia. Nuestro movimiento es la articulación de estos procesos de resistencia y propuestas, no somos ni seremos una ONG.

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Justicia social ambiental: Demanda de nulidad contra la licencia ambiental del Quimbo

El viernes 9 de agosto a las 2 p.m. en el Consejo de Estado de la ciudad de Bogotá, se llevará la cabo la audiencia inicial de nulidad contra la Licencia Ambiental de Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, en el marco de la demanda interpuesta por el Centro de Estudios Tierra Digna contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La demanda se fundamenta en que las entidades del Gobierno Nacional avalaron el proyecto y otorgaron la licencia ambiental sin el cumplimiento de los requisitos mínimos y con la carencia e insuficiencia de estudios previos que permitieran preveer las afectaciones y daños causados.

De manera alterna ASOQUIMBO ha convocado a un plantón a partir de las 9:00 a.m. frente a la sede de ENEL-EMGESA en el municipio de Garzón, exigiendo al Consejo de Estado la nulidad del acto administrativo que da vida a la Licencia Ambiental del proyecto hidroeléctrico.

10 años después de expedida la Licencia, la demanda de nulidad recobra importancia debido a los evidentes daños económicos, sociales y ambientales que se han agudizado con el aumento del nivel de agua del embalse que ha llegado a su cota máxima causando serias afectaciones en la infraestructura vial del departamento del Huila y generado una grave crisis humanitaria en las comunidades ribereñas aguas abajo de la presa.

Lo anterior reafirma la exigencia de los huilenses frente a la situación de riesgo que se vive actualmente, advirtiendo que podemos enfrentarnos a una catástrofe anunciada similiar a la presentada en Hidroituando.

La Nulidad de la Licencia debe ser una oportunidad para que el Estado adopte medidas que respeten la verdadera voluntad de los huilenses de respetar su identidad campesina y proteger la seguridad y sobernia alimentaria del pueblo.