CONFORMADA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DEL PHEQ.
El 6 de diciembre de 2018, se conformó la Comisión de Seguimiento a los incumplimientos de la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, integrada por representantes del Gobierno Nacional (Ministros de Ambiente, Agricultura, Minas), del Gobierno del Huila, en cabeza del Gobernador, alcaldes de la zona de afectación, Asoquimbo y otros representantes de las comunidades.
La composición de la misma se logró después de un intenso debate promovido por Asoquimbo que concluyó con la exclusión del delegado de Emgesa que se pretendió imponer por parte de los representantes del Gobierno del presidente Duque, con el respaldo de sectores de la institucionalidad del Huila a nombre de una “alianza público privada”, donde se pretendía desnaturalizar el carácter de la comisión por una supuesta “concertación” con la transnacional, con la utilización de las comunidades, con el propósito oculto de minimizar las obligaciones y los daños causados por la Empresa al patrimonio económico, ambiental, cultural del departamento del Huila y, especialmente, a la vulneración de todos los derechos constitucionales de las víctimas de Emgesa. El 1 de febrero, se reunirá la Comisión, para decidir sobre el cronograma de seguimiento que tiene como referente las conclusiones sobre los incumplimientos y las demandas exigidas por la Audiencia Pública Ambiental, realizada en Garzón, y que después de dos años han sido negadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, que no cuenta con ninguna legitimidad en el Huila, por actuar a favor de Emgesa.
Las prioridades que requieren de solución inmediata son la restitución de la actividad productiva, la adjudicación de tierras a campesinos y personas vulnerables de la Zona del Quimbo, sujetos de Reforma Agraria, como lo establece la Licencia Ambiental y el Decreto 1277 /13 del Ministerio de Agricultura y la realización del censo conforme a lo establecido en la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional que fue desacatado por Emgesa y la ANLA.
Uno de los incumplimientos que más a causado daños a la comunidad y al departamento ha sido la no restitución de la actividad productiva que incluye la compra de 2700 hectáreas por el Estado y su adecuación con distritos de riego por gravedad por parte de Emgesa.
Un Estudio del 2010, contratado por la Gobernación del Huila y Emgesa registra que existen 7.908 hectáreas aptas para adecuar con distritos de riego con gravedad proporcionalmente a la pérdida de la producción por cada uno de los municipios directamente afectados.
A cambio de comprar de inmediato las tierras y adecuarlas con riego como lo establece la licencia, Emgesa en connivencia con el procurador agrario ambiental de la época hicieron firmar a las personas beneficiarias de 2700 hectareas de un programa «emprendedores energéticos» mediante el cual se les entrega un «capital semilla», condicionado a renunciar de manera ilegal a su derecho a tierras.
Lo más grave es que a cambio de exigir el cumplimiento de lo establecido en la Licencia Ambiental y el decreto 1277/13 sobre adjudicación de tierras, con el «liderazgo» del actual Procurador Ambiental Agrario del Huila, J. Fisher, se pretende que la ANLA modifique ahora la licencia Ambiental a favor de Emgesa.
Según el Auto 07149 de 21 de noviembre de 2018 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, respecto a la adecuación de 2700 has con riego por gravedad dice que «se informó por parte de las autoridades municipales y del departamento que no hay avances significativos considerando que la Agencia Nacional de Tierras ANT y EMGESA S.A E.S.P., no han realizado gestiones significativas para el cumplimiento de esta obligación, así mismo señalan que la sociedad debe asumir el costo de la adecuación sin ningún tipo de condicionamiento».
Sin embargo, el Procurador Agrario Ambiental «considera que existe la voluntad por parte de la sociedad EMGESA S.A E.S.P. no obstante las condiciones en muchos aspectos no ayudan» para justificar que empezó a liderar las mesas de trabajo y, a cambio, de exigir a la empresa el cumplimiento de lo establecido en la Licencia de adecuación de las 2700 has con distritos de riego con gravedad, sin ningún condicionamiento, expresa, como aparece en el mencionado Auto que «las alternativas de riego propuestas son muy costosas, es decir, técnica y económicamente no son viables, se está estudiando la propuesta de la comunidad de conseguir ellos las tierras, pero no hay avances».
Lo más grave es solicitar, después de tantos años de incumplimiento, la modificación de la Licencia que no contó con el aval de la Gobernación, pretensión que también fue rechazada por Asoquimbo por todos los argumentos expuestos en el documento «Asoquimbo exige transparencia en la compra y entrega de tierras» y en reunión de una mesa de trabajo, convocada por el procurador ambiental, el 17 de julio de 2018, que concluyó con el levantamiento de la misma “sin llegar a acuerdo alguno”.
http://millerdussan.blogia.com/2018/120401-asoquimbo-exige-transparencia-en-la-compra-y-entrega-de-tierras..php
Además, la incertidumbre frente al incumplimiento de la adjudicación de tierras es mayor si se tiene en cuenta que el Procurador Agrario solicitó a la ANT se sirva informar: (i) ¿Cuál será la norma jurídica en la que se fundamentará la determinación de las familias beneficiarias de las 2700 hectáreas y su correspondiente clasificación? (ii) Cuáles son las razones por las que el Decreto 1277 de 2013 y el Acuerdo 0329 del 2014, pone condiciones adicionales a las establecidas en el Documento de Cooperación y la Licencia Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, para que las familias puedan ser beneficiarias de las 2.700 hectáreas? Hasta el momento la respuesta verbal ed evasiva.
Cabe recordar que el Gobernador del Huila, denunció en la Audiencia Pública Ambiental, realizada durante los días 11 y 12 de noviembre de 2016, entre otros, que la no restitución de la actividad productiva le viene generando al Departamento un detrimento Patrimonial debido a la pérdida de 36.000 toneladas de alimentos al año por un valor presente cercano a los cuarenta y cinco mil millones de pesos. Además, se comprometió con Asoquimbo a interponer una Acción de Cumplimiento que hasta la fecha no se conoce.
Asoquimbo ratifica solicitud para que en la reunión de la Comisión, el 1 de febrero de 2029:
1. La ANT y Emgesa, con fundamento en el Estudio de 2010 presenten el Plan de compras y adecuación de las 2700 hectàreas.
2. La Contraloría General de la República informe a la Comisión sobre los avances en la cuantificación de los costos por los daños causados por la no restitución de la actividad productiva, conforme a la solicitud de Asoquimbo, aceptada mediante oficio.
3. La ANLA, mediante Auto, aclare que las 425 familias que fueron engañadas por Emgesa y el Procursdor Agrario, tienen derecho a la adjudicación de Tierras con distritos de riego con gravedad.
4. La ANT presente un Plan de identificación de todas las personas vulnerables de la zona del Quimbo para la adjudicación de tierras conforme al Decreto 1277/13, independientemente del listado de las 426 personas que tienen el derecho conforme a la licencia ambiental.
5. La ANLA, mediante Auto, solicite al Tribunal Administrativo del Huila el cumplimiento del censo ordenado por la Corte Constitucional según Sentenca T 135/13 por haber sido desacatado por Emgesa y no haber garantizado la participación de los afectados.
6. Solicitar al Consejo de Estado la convocatoria a Audiencia Pública como parte fundamental del proceso de nulidad de la licencia del Quimbo, interpuesta por la Fundación Tierra Digna.
Asoquimbo
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